VALÈNCIA. La defensa del expresidente de la Diputación de València, Alfonso Rus, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial tras la decisión del magistrado de Instrucción 9, Miguel Ángel Casañ, de inhibirse al juzgado de Taula para que sea dicho juzgado quien instruya el procedimiento abierto por un contrato de Imelsa en Llutxent.
Casañ tomó esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara, tras la declaración del exgerente de Imelsa Marcos Benavent, la acumulación de esta causa en la pieza del caso Taula que investiga la presunta financiación irregular del club de fútbol Olimpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente. Benavent aseguró en una declaración voluntaria que el dinero del contrato investigado, 60.000 euros para unas farolas en Llutxent que jamás se llegaron a instalar, se destinó realmente al club de fútbol de Rus.
Sin embargo, para la defensa del expolítico, “la manifestación realizada por el señor Benavent debe ser puesta en duda por cuanto resulta absolutamente interesada, toda vez que lo libra de una causa en la que el fiscal que la tramitaba, ahora misteriosamente sustituido por el fiscal Anticorrupción, lo había acusado solicitándole prisión”.
Y es en ese momento cuando el abogado de Alfonso Rus carga contra la Fiscalía Anticorrupción con más fuerza diciendo: “qué decir de la postura de Anticorrupción ‘al rescate’ de su ‘arrepentido’, no se pueden permitir el lujo de que el autodenominado ‘yonki’ del dinero sea condenado con carácter previo a la celebración de las vistas del caso Taula”, y apostilla, “y mucho menos que pudiera declarar esposado”.
Se pregunta el letrado que dónde está el testimonio de la declaración de Benavent en el Juzgado de Instrucción Número 18 que acredite que, lo dicho por él en Instrucción 9, sea cierto. Y le pregunta a la Audiencia Provincial: “¿debe tomar el juzgador la palabra del acusado y la mera manifestación de la Fiscalía como Dogma de fe?
El escrito prosigue recordando que Casañ ha cambiado de criterio, ya que en un auto previo decía que consideraba la declaración de Benavent “carece de todo sentido y realidad, tratándose de presuntas excusas para derivar a otros sus presuntas responsabilidades”.
Es en ese momento cuando el abogado dice que lo que ha ocurrido “está bien claro”, y que no “forma parte” de lo que se estaba instruyendo en el juzgado de Casañ y por tanto, a su juicio, no puede decretarse la inhibición. Asegura que dicha inhibición supondría una “patente de corso para Benavent, en el sentido de que cualquier actividad ilícita por él desarrollada, con o sin relación con Taula, acabará inexorablemente acumulada al mismo por el simple hecho de nombrar a Alfonso Rus”.
Ahora será la Audiencia Provincial la que deba decidir si el procedimiento de Llutxent se queda en el juzgado que lo estaba instruyendo o, por el contrario, se acumula en una de las piezas del caso Taula.
La investigación de Instrucción 9 se inició con anterioridad al conocido como caso Taula, que investiga el Juzgado de Instrucción número 18, si bien se enmarca en la supuesta trama corrupta que desvió fondos públicos de la corporación provincial.
Este asunto, el desvío de más de 60.000 euros de un proyecto para la renovación del alumbrado de Llutxent, fue denunciado inicialmente por la Diputación de València. Sin embargo, Benavent solicitó declarar voluntariamente y acusó al entonces presidente, Alfonso Rus, y a otro empresario de haberse quedado el dinero para destinarlo al club de fútbol. Esto hizo que Rus pasara de querellante a investigado.
La Audiencia Provincial expone las trampas del partido para financiar las campañas de 2007 y 2011. En esta última no se ha podido demostrar el origen de los fondos
