Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Más de mes y medio. Ese es el plazo mínimo que ha transcurrido desde que diferentes consellerias del Botànic decidieran abrir sendas investigaciones por irregularidades ocurridas en el ámbito de sus respectivas competencias relacionadas con la covid-19 y que, meses después, siguen sin resolverse.
Sin ir más lejos, este viernes se cumplieron cinco meses de la celebración de la fiesta ilegal en la azotea del colegio mayor Galileo Galilei de València que originó 168 contagios de coronavirus y obligó a la suspensión de las clases presenciales en la Universitat Politècnica de València (UPV).
Un suceso que motivó que la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Generalitat abriera una investigación que determinó que la fiesta supuso una "grave violación" de la norma anticovid. Las conclusiones proponían una sanción para algunos directivos y trabajadores, los convocantes y los alumnos participantes identificados, que contemplaba multas de entre 601 y 30.000 euros.
La Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo fue la encargada de hacer público el contenido de la investigación policial y advirtió que abriría un expediente sancionador en el que se determinarían las cuantías a pagar, así como las responsabilidades. Incluso, podría decretarse el el cierre temporal del centro residencial de estudiantes, de gestión privada pero situado dentro del campus de Tarongers de la UPV. Desde entonces han pasado más de cuatro meses -el anuncio de Justicia se produjo el 20 de octubre- sin que el expediente se haya cerrado, lo que la convierte en la investigación que más polvo acumula de todas las que están abiertas.
Pero a pesar de llevarse la palma, no es la única. Y es que tampoco parecen avanzar con mucha celeridad las investigaciones acerca de las vacunas supuestamente irregulares. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, anunciaba a principios de febrero la apertura de más de 60 expedientes informativos a personal de la administración por esta cuestión que había creado tensiones a mediados de enero.
Entre las personas a las que se abría expediente estaban los empleados públicos que participaron en la vacunación de los alcaldes de El Verger, Ximo Coll, y Els Poblets -su esposa-, Carolina Vives, ambos del PSPV; el ex fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta; el alcalde de Villahermosa del Río, Luis Rubio (PP); el de Rafelbunyol, Fran López (PSPV); el de La Nucía y diputado provincial, Bernabé Cano (PP); el concejal de Sanidad de Orihuela, José Galiano (PP); el diputado provincial de Alicante Juan Antonio Roselló (PP), y el alcalde de Benlloc, Àngel Ribés (PSPV).
No obstante, sí se han extraído algunas conclusiones. Respecto al alcalde de Rafelbunyol, la ex directora de Salud Pública de Valencia Elvira Mensat, remitió a la residencia un informe exculpatorio para el alcalde sin conocimiento de la consellera por el que acabó dimitiendo. Mientras, el departamento de Barceló también avalaba la vacunación del exlíder de CCOO, Arturo León.
Sanidad también anunciaba hace un par de días la apertura de un expediente a la coordinadora del centro de salud 9 d'Octubre de Castelló, mujer del ex fiscal jefe de Castellón José Luis Cuesta, que dimitió de su puesto el pasado mes de enero tras conocerse que se administró la primera dosis de la vacuna saltándose el protocolo establecido por el Gobierno. Sin embargo, nada se sabe del resto de investigados.
Junto a estas investigaciones, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de Mónica Oltra anunció que abriría una investigación para determinar por qué personas que no formaban parte del personal sociosanitario de residencias de mayores entraron en estos centros para asistir a la primera vacunación de usuarios el pasado 27 de diciembre.
En concreto, el departamento de la vicepresidenta del Consell inició este expediente el 15 de enero tras conocerse que el alcalde socialistas de Rafelbunyol, Fran López, acudió al centro de mayores de su localidad para ser testigo del primer pinchazo y accedió al interior de la residencia sin a pesar de que las restricciones impedían a personas ajenas entrar en ellas para evitar en la medida de lo posible contagios por covid-19 .
Más allá de la polémica sobre su vacunación, que también motivó la apertura de una investigación por parte de Sanidad, el examen de Igualdad y Políticas Inclusivas sigue sin resolverse un mes y medio después de que se conocieran estos acontecimientos. En este sentido, la Conselleria explicó que el proceso podría demorarse porque tras la fase de inspección en el centro y propuesta de sanción, cabía la presentación de alegaciones por parte de los afectados. Un desarrollo que, por el momento, ya suma mes y medio.
Sanidad expedienta a la mujer del fiscal Cuesta por la vacunación en el centro 9 d'Octubre
