VALÈNCIA. (EP). La exconsellera de Cultura y Deporte, Trinidad Miró, ha afirmado este lunes que sobre la Fundación Jaume II El Just, con sede en el Monasterio de la Valldigna, "nunca" ha tenido "ningún documento ni nada" en el que se haya "puesto un pero de que se haya cometido ninguna irregularidad" porque, de ser así, ha subrayado que hubiese sido "la primera" en denunciarlo. Por tanto, ha defendido que en la institución se actuó con "máxima transparencia y rigor".
Miró se ha pronunciado en estos términos en una comparecencia en la comisión de Les Corts sobre la operación Taula, derivada del caso Imelsa, a la que ha acudido en calidad de presidenta de esta fundación por su condición de entonces consellera.
En su intervención, ha explicado que cuando tomó posesión del cargo como titular de Cultura se estaba entrando en una época de crisis y se hacía frente a una Conselleria de nueva creación --tras separar la cartera de Educación-- y, por tanto, contaba con un presupuesto limitado.
Ante esta circunstancia, ha señalado que decidió gestionar "de forma distinta" la fundación y, por ello, se puso en marcha un plan de saneamiento que pasaba por "la contención del gasto". También, ha explicado que cesó al que en aquel momento era gerente Vicente Burgos -investigado en la operación Taula- debido a que no era una persona de su confianza y puso al frente de la fundación a una administradora "sin sueldo de alta dirección y con un contrato de seis meses de prueba" y a la que quitó competencias porque consideraba que "así tenía que ser".
Insistida en varias ocasiones por los motivos de este cese, Miró ha subrayado que fue únicamente porque no era persona de su confianza y era "un señor que no conocía". "Quería una gestión diferente porque había una deuda en la Fundación que se tenía que salvar a través de una persona de mi confianza que sabía que la iba a poder sanear", ha señalado para negar que el cambio se debiera a una mala gestión. "Yo no pongo en duda si el trabajo de Burgos está bien o mal hecho porque no he trabajado con ese señor. Lo ceso porque no era de mi confianza", ha subrayado.
Preguntada por la deuda de "más de nueve millones" generada por esta institución ha indicado desconocer su procedencia, pero ha señalado que todas las actividades realizadas fueron correctas y se habían llevado a cabo.
Miró ha señalado que ella es una persona "austera" y así se ha caracterizado su gestión y, de hecho, ha manifestado que así se lo afeaba la oposición que la consideraba "poco ambiciosa", al tiempo que ha defendido que tanto en esta fundación como en otras que dependían su Conselleria cumplió "a rajatabla" con la nueva ley de contratos Públicos que entró en vigor en 2008.
En este sentido, ha incidido en que su máxima prioridad con la Fundación fue cumplir lo que marca el Estatut que es "la puesta en valor, recuperación y divulgación del Monasterio de la Valldigna" y ha negado haber recibido "indicaciones" de nadie ni del presidente de la Generalitat de entonces, Francisco Camps, como supone que ahora tampoco lo hará el jefe del Consell, Ximo Puig, quien "no estará encima de los consellers para decirle lo que tiene que hacer" porque se delega en ellos.
"El cometido de la Fundación y fue el objetivo por el que puse toda la carne en el asador fue que se recuperar el Monasterio. Tratamos hacer las cosas con el máximo rigor y transparencia", ha defendido.
Respecto a la indemnización que recibió Burgos de 61.672,59 euros, "once veces superior" a lo fijado en su contrato que debía de haber sido de 5.412 euros, ha puntualizado el síndic de Compromís, Fran Ferri, la exconsellera ha manifestado que esa no era su competencia y ella no sabía lo que cobraba ni cómo funciona estas cuestiones, sino que se encargaría una asesoría laboral porque un conseller "no está en un tira y afloja ocupándose d estas cosas, sino que se encarga de marcar las líneas políticas".
No obstante, Ferri le ha insistido en que en el documento estaba su firma, a lo que ha incidido en que en una Conselleria "no se sientan en una mesa camilla a redactar contratos", sino que a ella le llegó el contrato que ya estaba "bendecido" por instancias anteriores y por tanto ella firma.
Desde el PP, el parlamentario 'popular' Fernando Pastor ha recriminado a Compromís y PSPV que la semana pasada emitieran notas de prensa sobre cuestiones que este lunes se iban a preguntar a las comparecientes y abordar en la comisión y que estos partidos "afirman con rotundidad", lo que, a su juicio, demuestra que esto es "un paripé y una burla" porque las conclusiones "ya las tienen hechas".
Al respecto, Ferri le ha respondido que su labor es investigar y pedir documentación sobre lo que se está analizando y darlo a conocer a la opinión pública. "Quien se pica, ajos come", ha espetado al 'popular'.
La administradora de la Fundación Jaume II El Just Ana Isabel Trujillo, que llegó tras el cese del gerente Vicente Burgos por parte de la exconsellera de Cultura Trini Miró, ha admitido este lunes que cuando ella accedió a la institución encontró "pagos por encima del presupuesto que tenía la Fundación aprobado".
Trujillo se ha pronunciado en estos términos en una comparecencia en la comisión de Les Corts sobre la Operación Taula, derivada del caso Imelsa, a la que ha acudido en calidad de administradora de esta fundación a la que llegó nombrada por Trini Miró como cargo de confianza con un contrato de seis meses de prueba y con menos competencias de las que había gozado su antecesor porque ella no tenía capacidad para contratar.
En su intervención, ha explicado que cuando llegó se puso en marcha un plan de saneamiento y la primera labor que se le encargó fue "comprobar la deuda y si las facturas impagadas correspondían a gastos efectuados" como, según ha indicado, así era porque había "certificados de obra, firmas de arquitecto y constancia de su realización. Además, ha señalado que eran precios y costes "de la época" que se correspondían con el mercado de entonces y que a ella no le sorprendieron.
Asimismo, ha explicado que detectó "nerviosismo" entre los acreedores que "llevaban tiempo sin cobrar" y "ordenadores con poca información", pero también que "no había problemas con la documentación laboral" porque la Fundación la llevaba una asesoría a la que se le pidió copia de los documentos. No obstante, ha subrayado que lo que detectó fue que "se había pagado dinero por encima del presupuesto que tenía la fundación".
Pese a las preguntas de los diputados sobre cómo valoraría la gestión anterior, ha eludido hacerlo, pero sí ha deslizado que ella no hubiera actuado de esa manera y sobre si se contrató con las empresas Cleop y Thematica Events ha indicado que durante su gestión no se trabajó con ellas, pero sí le consta que se hizo en la época de Vicente Burgos.
Trujillo ha defendido que para la contratación había una mesa que estaba formada por el jefe del servicio, del funcionario, arquitecto nombrado por Joan Lerma, ella o el contable, así como se pedían tres tipos de presupuestos y se publicaban las ofertas.
"A mí se me comentó que tenía que gestionar atendiendo al presupuesto con toda la transparencia. Cuando yo entro ya estaba el interventor del Consorcio de Museos supervisando la contabilidad que cuando entró ya está muy avanzada y yo me pongo a buscar alternativas para pagar la deuda", ha explicado.
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