Una mierda de transparencia

Pertenezco a esa no tan vieja escuela que pregonaba que a los lectores no les interesa la vida de los periodistas, nuestros horarios, las presiones que recibimos o la manera de conseguir la información que servimos cada día. En definitiva, que el periodista no es la noticia y sus peripecias quedan para los libros de memorias y las películas. Este domingo, sin embargo, me veo en la necesidad más que en la obligación de hacer partícipe al lector de algo que afecta no solo a los periodistas sino a toda la ciudadanía: la transparencia de las administraciones españolas o, mejor dicho, la falta de transparencia, la mierda de transparencia.

Pido disculpas de antemano por la generalización, pues administraciones las habrá más o menos transparentes. Esto no es una cuestión de falta de instrumentos de transparencia, es una cuestión de voluntad de los gobernantes de permitir escudriñar en su gestión sin echar botes de humo y sin esconder las agujas en pajares de datos y verborrea infinita.

Transparencia no es que salga Pedro Sánchez en su Aló Presidente semanal a contar cuentos que chocan con la realidad y a torear a periodistas que no tienen posibilidad de repreguntar. Eso es propaganda, de la que andamos sobrados en esta pandemia. Perdida definitivamente la confianza en el presidente tras su traición a tres bandas del otro día, uno siente ganas de hacer como Colin Smith, el protagonista de La soledad del corredor de fondo, cuando junto a su colega escucha perplejo la perorata televisiva de un candidato tory que se felicita porque "todos" en Gran Bretaña disfrutan de "mayores lujos" gracias a los subsidios de desempleo, la prestación familiar y las pensiones: quitar el volumen y reírse a carcajadas del busto parlante sin voz.

(Por cierto, visto lo visto, Baldoví puede quedarse con el lado bueno de la negativa de Sánchez a corregir la infrafinanciación de los valencianos, que tampoco para este Gobierno es una prioridad: al menos a él no le engañó.)

En esta 'guerra' en la que la primera víctima ha sido una vez más la verdad la pelea contra la opacidad es diaria. Se acumulan las preguntas de los periodistas sin respuesta –a Illa solo le falta entonar el "avui no toca" de Pujol–, las mentiras sin rubor y sin castigo social, las suspensiones de portales de transparencia –de iure o de facto– y el torrente de información entremezclada con propaganda que cae como una catarata sobre unos informadores sin suficiente capacidad de filtro o por vía directa sobre los ciudadanos perplejos y desorientados.

El periodismo en muchos casos consiste en contar lo que los gobernantes no quieren que cuentes. La transparencia es primordial para descubrir cosas como la vivida esta semana cuando la Generalitat publicó en la Plataforma de Contratación Pública, después de dos meses de espera, la autorización del contrato –31 millones de euros– de los ocho aviones con material sanitario que trajo el empresario chino Chen Wu Keping. Un documento firmado por el subsecretario de Sanidad el 17 de marzo que era falso –como descubrió Las Provincias– y que la Conselleria de Sanidad Universal se apresuró a dejar sin efecto y sustituir por otro. Es tan evidente que cuanto más transparencia, menos corrupción, que no cabe insistir en ello.

Y no es una cuestión solo de periodistas. Cualquier ciudadano puede solicitar a la Administración un documento que aclare sus dudas sobre determinada decisión que huele mal. Y cualquiera que haya solicitado una documentación que puede poner en un brete al gobernante de turno habrá comprobado que todo son palos en las ruedas de la transparencia. El ciudadano Luis Salom –conocido tocapelotas del PP– no consiguió, a pesar de las resoluciones a su favor del Consejo de Transparencia, que el Gobierno le dijera cuántos altos cargos habían usado el Falcon el verano que Pedro Sánchez y señora cogieron el avión para ir a un concierto en el FIB.

Otro ejemplo son los tres años que le costó a mi compañera Estefanía Pastor conseguir un documento guardado bajo llave en la Conselleria de Sanidad Universal que probaba que Carmen Montón colocó en 2016 de forma irregular a un amigo escritor y periodista como director de Gestión Sanitaria, encargado de coordinar los 24 departamentos sanitarios. Suerte tuvimos de que la pandemia no se desatara entonces. Para cuando tuvimos la prueba de lo que ya sabíamos, Montón hacía más de un año que había dejado la Conselleria y había dimitido en el Ministerio de Sanidad por otro escándalo. Tres meses después de publicar este periódico la evidencia del enchufe, Sánchez la nombró embajadora en Washington sin tener ni un máster en Relaciones Internacionales.

Lo cual me lleva a la conclusión de que la transparencia, si es muy a posteriori, conduce a la melancolía a modo de esfuerzo inútil orteguiano. Conduce a que en la recepción de la embajada de Chile, entre canapé y canapé, alguien se ría del esfuerzo inútil de una periodista. Un poco como la Justicia, que cuanto más tarda menos justa es.

La gota que ha colmado el vaso de este periodista es el recurso que el Ministerio de Justicia ha interpuesto contra la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que le instaba a facilitar un documento de interés público que el ministerio se había negado a entregar a Plaza. Es muy aparente tener un Consejo de pomposo nombre que defienda a los ciudadanos frente a la opacidad de quienes tiene algo que ocultar, pero el legislador dejó una última cortina que está siendo aprovechada por los enemigos de la claridad: el recurso contencioso-administrativo. Y aquí tenemos al Ministerio de Justicia recurriendo ante los tribunales una resolución del Consejo de Transparencia que basó su decisión en cinco sentencias judiciales sobre otros tantos recursos del Gobierno en casos similares, lo cual roza la prevaricación por presentar un recurso solo para ganar tiempo, pues se saben perdedores.

Hasta tal punto es así, que un ciudadano harto pidió un día al Gobierno información sobre cuánto nos cuestan a los españoles sus recursos judiciales contra las resoluciones del Consejo de Transparencia y el Ejecutivo se la negó, lo que generó otro pleito con el Consejo. Curiosamente, aquí ganó el Gobierno tras una la primera sentencia condenatoria al demostrar que calcular esa cantidad le suponía un trabajo de "reelaboración" que "va más allá de lo exigible".

Pleitos tengas y los ganes... dentro de dos o tres años, cuando tengamos menos pelo y nadie se acuerde de aquello. Para cuando llegue la sentencia firme a favor de la transparencia, espero estar aquí para contarlo, aunque a nadie le importe y la protagonista esté en una embajada tomando canapés.

En cuanto a la transparencia en la Comunitat Valenciana, solo decir que echo de menos a Manuel Alcaraz. Él al menos se lo creía.