Uno de los aviones con material sanitario contratado por la Generalitat. Foto: GVAVALÈNCIA. La gestión de una crisis sanitaria como la producida por la propagación del coronavirus obliga a medidas de choque que no deben ralentizarse por la burocracia. Para ello el Gobierno de España ha venido decretando sucesivos estados de alarma, que permiten, entre otras cuestiones, la contratación saltándose los procesos habituales.
De esta manera, el Gobierno valenciano ha conseguido la llegada de una veintena de aviones procedentes de China con material sanitario necesario para combatir la pandemia. Los primeros ocho de ellos, llegaron a través de un contrato con la empresa Comité Textil SL, propiedad del empresario chino afincado en la Vall d'Albaida, Chen Wu Keping, tasado en 31,5 millones de euros.
El pasado 8 de mayo, este documento, entre otros relacionados con la llegada de material sanitario, se publicaba en la Plataforma de Contratación del Estado con la firma del subsecretario de la Conselleria de Sanidad, David Fernández. Llamó la atención, tal como informó Valencia Plaza, que el contrato de estos primeros ocho aviones estuviera fechado el 17 de marzo, dado que durante varias semanas los medios de comunicación preguntamos a distintos responsables del Consell acerca del coste de estos vuelos sin que se revelara la mencionada información. Finalmente, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, hizo público el coste total de los vuelos en Les Corts el 23 de abril, más de un mes después de la fecha de ese contrato.
Sin embargo, ese 17 de marzo no se redactó ningún contrato ni encargo por escrito. Tal como adelantaba este miércoles Las Provincias, el texto contenía un error que evidenciaba que el documento no se realizó ese día, puesto que incluía una parte legislativa relacionada con la creación de la comisión de compras para material sanitario que se aprobó el 28 de marzo. Es decir, el contrato se redactó a posteriori y no en la fecha indicada.
Fuentes de la conselleria, al ser preguntadas por esta cuestión, recalcaron que la contratación se ajustaba a lo regulado por la Ley de Contratos del Sector Público y recordaban, además, que en la actual situación se contemplaba la "fórmula de la contratación verbal por el procedimiento de emergencia". Además, incidían en que la fecha del citado contrato se debía a "un error" que se subsanaría "en las próximas horas".
Dicho y hecho, pasadas las siete de la tarde de este miércoles se publicaba un nuevo contrato que anulaba la resolución del 17 de marzo subida a la plataforma el 8 de mayo debido a "errores materiales". Curiosamente, en esta versión sí se explicaba que estos fallos se debían al "desfase entre la fecha del encargo verbal y la fecha de su plasmación formal para su publicación", si bien en la anterior versión nunca se especificó que el encargo fuera verbal sino que se hizo ver que había sido previamente autorizado por escrito.
Así, en esta nueva versión se elimina en los fundamentos de derecho toda referencia al nombramiento de la comisión encargada de las compras designada el 28 de marzo y el contrato es firmado, igual que el original, por el subsecretario de Sanidad, David Fernández.
Queda la duda de si todo se debió a un simple error en la fecha o si Sanidad trató de hacer pasar por un contrato escrito un mero encargo verbal. De ser así, habría sido un ardid estético quizá para evitar hacer público que no había existido un contrato escrito para tal cantidad de envíos con un montante tan alto. Un hipotético truco que quedó desmontado por la propia incorrección en el contrato del 17 de marzo que hacía referencia a un decreto -el del 28 de marzo- que todavía no existía.
Sobre este asunto, la secretaria general del PPCV y portavoz adjunta en Les Corts, Eva Ortiz, anuncio este miércoles que su partido denunciará ante a Agencia Antifraude y los juzgados las "posibles irregularidades" de este contrato.
"Las compras y adjudicaciones a empresas no están del todo claras en contratos como los hospitales de campaña, pero hoy nos levantamos con las sospechas de un posible delito de falsedad documental en el contrato por el que se pagaron 31,5 millones de euros a un empresario chino por los primeros vuelos que llegaron a Valencia. Y es necesario una aclaración inmediata", recalcó Ortiz.
