La concejala de Vivienda en el Ayuntamiento de Castelló, María Jesús GarridoCASTELLÓ. (EP). La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló ha informado que un total de 58 de las 221 viviendas sociales municipales se encuentran en situación irregular y que el 70 por ciento de estas 58 están en este estado desde desde hace más de 10 años, ocho de ellas desde hace más de dos décadas. La falta de regularización se arrastra "desde hace años" y la mayoría de los casos se debe a cuestiones administrativas, según ha apuntado este departamento en un comunicado.
"De los 58 casos, algunos se tratan de contratos de arrendamiento en los que no se ha efectuado la subrogación, otras son ocupaciones irregulares en las que no consta título o los actuales ocupantes no coinciden con el titular de la autorización", ha afirmado la concejala de Vivienda, María Jesús Garrido.
Los datos han sido extraídos gracias al trabajo elaborado por el programa de Jornals de Vila en el anterior mandato. "Esta actuación es la que ha permitido hacer todo el trabajo de inspección de las viviendas y conocer su estado", ha aseverado. Según la Concejalía, la ocupación irregular no quiere decir que todas las viviendas hayan sido objeto de usurpación, sino que la mayoría están en una situación de irregularidad administrativa, "teniendo buena parte de la responsabilidad los gobiernos anteriores, especialmente los del PP".
Así, de las 58 viviendas irregulares, 40 están de esta manera desde hace más de 10 años, y en el caso de 8 de ellas -una de cada cinco- hace más de 20 años. De esas 40 ocupadas irregularmente, hay 16 pendientes de subrogar desde hace más de 10 años, "ya que son residentes familiares o parientes de los titulares de los arrendamientos", han añadido fuentes de la Concejalía, que han resaltado que el 45% de las viviendas ocupadas irregularmente lo están por familiares y parientes de los titulares originales.
La concejala ha afirmado que "ha habido avances en las regularizaciones y en la elaboración del censo para conocer la situación", pero estima que "hace 10 años ninguna Concejalía del PP tenía conocimiento de este caos administrativo en el funcionamiento de la vivienda social municipal".
Garrido ha subrayado que la Oficina de Vivienda trabaja ahora en regularizar y en "poner orden" en las viviendas a fin de garantizar "los derechos de los residentes", lo que conllevará un "estudio e intervención previa de la situación de la unidad familiar por parte de los servicios sociales al tratarse de familias en situación de exclusión o vulnerabilidad social.
Asimismo en breve se licitará un concurso de compra de vivienda que se destinaría a alquiler social dotado en con un presupuesto de 1,8 millones de euros. Así, también se pedirá a las entidades financieras que movilicen pisos vacíos para arrendamientos sociales.
