Valeriano Gómez: "La legislación es un campo de minas para la reversión de servicios públicos"

VALÈNCIA. Valeriano Gómez fue ministro de Trabajo con José Luis Rodríguez Zapatero entre octubre de 2010 y diciembre de 2011 y uno de los principales expertos en cuestionar la figura del trabajador indefinido no fijo como solución para los trabajadores de los servicios públicos privatizados cuya gestión retorna a la administración.

Lo hizo cuando la Conselleria de Sanidad eligió inicialmente esa fórmula para asumir al Hospital de Alzira tras la finalización del contrato de Ribera Salud, un proceso que considera que supuso una oportunidad perdida para regular el encaje laboral de unos trabajadores cuya situación que requiere de una reforma profunda de la legislación.

Gómez, licenciado en Económicas y Empresariales y experto en Economía del Trabajo, considera que ese ajuste ha de garantizar los derechos de los trabajadores, a quienes considera los "paganos" del vacío legal actual. En este entrevista analiza los últimos pronunciamientos de los órganos consultivos sobre la figura del personal a extinguir y sobre la titularidad de la gestión de los servicios públicos. 

El exministro, que actualmente es vicepresidente de la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos, pasó esta semana por València para participar en una jornada sobre empleo inclusivo organizada por la Fundación Novaterra e Ingeus.

–Usted cuestionó la figura del indefinido no fijo como solución para el personal del Hospital de Alzira, que finalmente pasó como personal a extinguir ¿Qué opina de esta solución?

–Esto es una muestra más de que nuestra regulación administrativa y laboral no está bien adaptada a estas circunstancias. Debería ser más sencillo de lo que es ahora el proceso de reversión de una entidad al ámbito publico. Los paganos de esta mala regulación son los trabajadores. Siempre he defendido que una administración tiene todo el derecho a llevar a cabo estos procesos de reversión, pero nuestra regulación no está bien adaptada. El resultado es que trabajadores indefinidos con plenos derechos pasarían o bien con la figura inicialmente prevista de indefinidos no fijos, que nunca me pareció una buena salida porque los trabajadores no tienen todos sus derechos plenamente reconocidos; o bien como personal a extinguir, que aunque reconoce más derechos y solventa esta situación no evita lo que en mi opinión debe producirse: una reforma en profundidad de toda la legislación en esa materia. Incluidas las leyes de presupuestos, que están concebidas para impedir en la práctica que es proceso se pueda llevar a cabo. En este momento la legislación es un campo de minas diseñado para impedir que esto sea fácil.

–¿Dónde está el problema?

–En que cuando una administración decide hacer esto, colisionan el derecho administrativo y el laboral. La jurisprudencia lo solventó creando una nueva figura jurisprudencial, que no está en la ley, del indefinido no fijo, que es contradictoria hasta en su formulación. Fue una salida diseñada por los jueces para solventar este problema porque cuando alguien retorna al sector público han de preservarse los principios de acceso al empleo público de mérito y capacidad. Si los trabajadores que se han integrado en el sector público no superan las pruebas cuando su plaza sale a concurso pierden el empleo. Este es el problema de fondo, el choque entre esas dos figuras.

–Pero lo contrario sería un agravio para los interinos del sector público o quienes preparan pruebas para acceder a esos puestos...

–Pero esos empleados, por ejemplo los del Hospital de Alzira, eran trabajadores de un hospital público gestionado de forma privada con plenos derechos y ahora pasa a un limbo que puede convertirse en un infierno si finalmente no supera las pruebas. Habría que establecer alguna forma de reintegro con plenos derechos preservando los principios de mérito y capacidad.

–¿Y cuál puede ser la fórmula?

–Por ejemplo, teniendo en cuenta el tiempo que ha estado en la contrato. Porque estamos ante una sucesión de empresa y los trabajadores tienen derecho a seguir en su puesto de trabajo. Cuando se llevan a cabo estos procesos se han de preservar los derechos laborales.

–¿Por qué dice que la legislación actual es un campo de minas para impedir las reversiones?

–Porque impiden que la decisión se tome si no es fruto de un acuerdo judicial y fijan incluso responsabilidades penales para las entidades públicas que aprueben el retorno en la condición de empleados indefinidos no fijos. Hasta en eso se dificulta el retorno. Mis intervenciones entonces se interpretaron como contrarias a la reversión, pero nada más lejos. La lección que deberíamos extraer es que se deben hacer los cambios legislativos para que eso sea posible con más facilidad. El caso del Hospital de Alzira era una ocasión para que el legislador pudiera aprender a la hora de solventar estas dificultades.

–Finalmente esos trabajadores pasaron a la Conselleria de Sanidad como personal a extinguir, pero ahora tanto la Abogacía de la Generalitat como el Consell Jurídic Consultiu han cuestionado esa figura para los procesos que han de venir, ¿puede esto suponer un problema para los trabajadores que ya han pasado con esa condición?

–No debería tenerlo porque es personal a extinguir en su condición de empleados públicos, pero también es una figura con problemas desde el punto de vista del diseño jurídico. En el fondo estamos hablando simplemente de matices que giran sobre lo mismo, porque tenemos pendiente de resolver este problema en nuestra legislación.

–Y no parece un asunto en la agenda de ninguno de los partidos... 

–Me parece que en una sociedad avanzada como la nuestra debería poderse resolver porque el pase de un servicio de lo privado a lo público o viceversa es parte de nuestra vida. Este proceso ha de ser mucho más sencillo, preservando los principios de transparencia y eficiencia en los servicios públicos. Es un tema que debe ser resuelto por la legislación estatal, en la ley de contratos públicos y en la de presupuestos.

–¿El paso de este personal a mercantiles de titularidad pública puede ser una vía para solucionar el encaje laboral de estos trabajadores?

–Sin duda alguna. Las sociedades mixtas son un camino no explorado y mezclan las bondades de la participación privada en esos ámbitos con el hecho de que hablamos de servicios públicos cuya gestión ha de estar bien controlada y supervisada por los poderes públicos.

–Tanto la Abogacía de la Generalitat como el Consell Jurídic Consultiu han situado el problema en el hecho de que las plazas del personal a extinguir sean intocables, por lo que estos trabajadores pueden jubilarse como empleados de la administración pese a no haber superado procesos de selección. ¿Cómo puede resolverse esa cuestión?

–Se trata de un matiz técnico que deben resolver los abogados del Estado y los de la Generalitat, pero hay que aprovechar esto para plantear un buen diseño legal de esta situación. Pero hay que proteger también a esos trabajadores porque tenían un empleo fijo y no puede ser que de repente acaben perdiendo su empleo.

–Pero quien es personal temporal de esa misma empresa y espera a que se convoquen plazas para consolidar su empleo o quien aspira a acceder a ellas puede valorar que esa situación no es justa...

–Sí, pero no se puede desestabilizar a esos situaciones que llevan años trabajando y tienen familia y responsabilidades. Hay que buscar una solución sobre la base del mantenimiento del empleo y la estabilidad laboral de esos trabajadores. Una solución razonable sería un periodo transitorio para presentarse a la plaza y una adecuada valoración de la experiencia en el puesto.

–Usted se fija más en la eficiencia de la gestión en si esta es pública o privada, ¿Considera acertada la política que está siguiendo la Comunitat de revertir las concesiones sanitarias a pesar de que la Sindicatura de Comptes ha acreditado que en dos casos (Torrevieja y Manises) es más caro y menos eficiente?

"Debemos tener una visión laica de la gestión de los servicios: ni lo público es siempre superior per se ni viceversa"

Ese criterio debe respetarse. Hay ejemplos en ambos casos. Hay servicios públicos para los que difícilmente se puede pensar en mejores soluciones privadas, como las prestaciones por desempleo o las pensiones. La titularidad de derechos como la educación o la sanidad ha de ser siempre pública, luego se pueden encontrar ámbitos en los que la gestión privada los haga más eficientes, pero ello no significa que sistemáticamente lo privado sea mejor que lo público porque encontramos muchas muestras de magnífica gestión pública superior en eficiencia a la privada. Por ejemplo, la sanidad estadounidense gasta cada año 16 puntos de su PIB y hay 50 millones de personas que no tienen cubierto ese derecho. España gasta algo menos de 6,5% de su PIB y es mucho mejor que el estadounidense. No siempre lo privado es mejor que lo público en términos de eficiencia. También puede haber ejemplos al contrario. Lo que digo es que nos debemos fijar en la eficiencia y en no dejar a nadie fuera.

Debemos tener una visión laica de este asunto. El servicio sanitario ha de ser público y su gestión puede ser privada en algunos ámbitos, pero debemos tener una visión laica: ni lo público es siempre superior sistemáticamente en todos los servicios posibles ni lo privado es superior a lo público per se. El mercado funciona en algunos ámbitos, pero hay que garantizar que el resultado final mantiene un derecho con buena gestión y eficiencia en el gasto público. Esa mezcla ha de funcionar y el Estado ha de tener derecho a recuperar un servicio. 

–¿Laica es despojada de ideología?

Eso es. Es mejor hacerlo así porque no hay superioridad de un modelo sobre otro; lo privado no es mejor por el hecho de ser privado y al revés tampoco.

–El último informe jurídico en la Comunitat sobre la reversión de servicios, emitido tras un decreto para asumir al personal de las resonancias magnéticas, ha cuestionado que la administración tenga la potestad de determinar cuándo existe una sucesión de empresa, sino que han de ser los tribunales...

–En todo caso es una opción que siempre está en manos de los tribunales, basta que alguien lo cuestione, pero se aboca al personal los tribunales. Pero en mi opinión, con la interpretación jurisprudencial del principio de sucesión de empresa, no hay absolutamente nadie que hoy pueda cuestionar que en el caso del Hospital de Alzira, una reversión de la gestión por parte de la Generalitat supone una sucesión de empresa.

–¿Considera oportuna la subida del Salario Mínimo Interprofesional?

–España y buena parte de los países europeos necesitan impulsar políticas de subida del salario mínimo porque los salarios no están creciendo adecuadamente y las rentas del crecimiento económico no están llegando al salario de los trabajadores y creo que la mejor política es la de un salario mínimo fuerte en Europa porque las rentas del trabajo se están quedando muy atrás.
No creo que suponga una calamidad para la creación de empleo como algunos han advertido. El Gobierno socialista del que yo era secretario de Estado de Empleo impulsó en 2004 una subida del salario mínimo del 33% hasta 2008. Solo el primer año, el aumento fue del 11%, y ese mismo año se registró la mayor subida histórica en la afiliación a la Seguridad Social.

–Pero era otra fase del ciclo... 

"un salario mínimo fuerte en Europa es la mejor política porque las rentas del trabajo se están quedando muy atrás"

–Pero era un momento que se parece en la fase del ciclo al actual porque se crecía en torno al 2,5% y se creaban en torno a 500.000-600.000 empleos al año. Entonces no hubo maña respuesta del empleo a esa política. A mí me preocupa otra parte del problema, que cada vez que un gobierno altera un proceso obtenido del diálogo social, en función del color político del gobierno, la respuesta de los agentes sociales ha sido diferente. Por ejemplo, ante esta subida del SMI, los empresarios han dicho que no les gusta y los sindicatos han callado. Pero en 2012, cuando el Gobierno modificó una reforma también pactada en el ámbito de las pensiones y el siguiente Ejecutivo del PP la modificó unilateralmente, quien respondió en contra fueron los sindicatos y los empresarios callaron. Los agentes sociales harían bien en defender lo que hacen en todo momento.

–¿A qué nos exponemos si continúa sin abordarse la reforma de las pensiones?

–Lo lógico es ir reformas progresivas como se han hecho en España desde 1985. Los sistemas de pensiones en Europa están afectadas por el crecimiento demográfico y hay que ir reformando de forma dialogada, pero ello no puede consistir en, como hizo el Gobierno anterior, en la congelación de facto del poder adquisitivo. Las reformas han de ser ampliando el tiempo de cómputo, no puede consistir en que el factor de sostenibilidad reduciendo la cuantía de la pensión, también se puede aumentar la vida laboral. Hay que seguir reformando pero sobre la base de mantener el poder adquisitivo.