Carlos Fabra, en los juzgados de Castellón. Foto: ANTONIO PRADASVALÈNCIA. El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra declaró el pasado 28 de octubre ante el juez Jacobo Pin, encargado de la nueva causa que le afecta en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, para negar los hechos que se le atribuyen. Instrucción número 4 de Castellón ha abierto juicio oral contra él y otros nueve acusados por el presunto entramado elaborado por el expolítico para ocultar patrimonio y determinadas fuentes de ingresos opacos, posiblemente procedentes de su actividad pública. Todo ello, según los investigadores, con el objetivo de dificultar la ejecución de la sentencia en la que fue condenado en 2013 por cuatro delitos fiscales, lo que ha supuesto que mantenga una deuda con la Agencia Tributaria de alrededor de un millón de euros.
La instrucción ha concluido que para cumplir con este objetivo contó con la ayuda directa de familiares y de terceras personas (testaferros), además de usar cuatro sociedades pantalla. Tanto el juez como Anticorrupción opinan que la "aparente situación de penuria económica" de Fabra es "notablemente discorde con el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo": 2,69 millones entre 2007 y 2017. También con la "intensa actividad bancaria por él organizada", con unos abonos superiores a los 26 millones de euros "que a través de diversas operativas continuadas en el tiempo han impedido satisfacer la deuda pendiente de ejecución".
Estos movimientos en el banco habrían tenido una doble finalidad: por un lado, ocultar la verdadera situación patrimonial y económica de Fabra a los efectos de evitar embargos por sus deudas tributarias y judiciales. Por otro, canalizar los fondos de procedencia ilícita, tanto el dinero en efectivo como los abonos en cuenta.
Junto a Fabra, se sentarán en el banquillo la que fuera su mujer, María Amparo Fernández, sus hijos Borja y Claudia y su yerno. También su supuesto testaferro, Alejandro Lorca, y diversos empresarios: el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig; su hijo Fernando Roig Negueroles; el dueño de Facsa, Enrique Gimeno; y Miguel Pérez, el administrador de una de las mercantiles de las que se habría servido el entramado.
El expresidente de la Diputación de Castellón, sin embargo, aseguró en su declaración en el juzgado que sí se trataba de préstamos personales debido a su situación de necesidad económica. En respuesta a preguntas únicamente de su abogado, aseguró que no realizó "absolutamente ningún tipo de operación" para hacer ineficaz o dificultar el cobro del crédito de la Hacienda Pública derivado de su condena penal. "Lo que tenía a mi nombre, lo poco que tenía que era por ejemplo un garaje en Ibiza, me lo subastó la Agencia Tributaria. Por cierto, no sé a quién se adjudicó ni por qué importe. Unas parcelas que tenía en la Urbanización La Coma de Borriol que eran 50% de mi mujer y 50% mías también se adjudicaron en subasta pública y tampoco sé a quién ni por qué importe. Tenía una casa en Culla que estaba tratando de restaurar y me enteré por el que la quería comprar que la había sacado a subasta Hacienda. No he tenido ningún bien más. Sé que me van reteniendo de mi nómina de la pensión un dinero y alguna cosa más que me han cogido también, pero no lo sé", afirmó.
Su letrado le cuestionó sobre las garantías prestadas por Facsa a favor del banco Sabadell para que éste emitiera los avales para él y su esposa. Fabra relató que, en aquellos momentos, por la situación judicial, no tenían posibilidad de avalarlo. "Me dirigí a Enrique Gimeno, cuya familia guarda una relación muy íntima con la mía. Mi padre fue abogado hasta su muerte de la familia Gimeno y le pedí si él podía avalarme ante el Banco Sabadell. Me dijo que sí. Él decidió hacerlo con Facsa y yo fui ajeno a esa decisión", explicó.
Rechazó, igualmente, que la prestación de contragarantías de Facsa tuviera algo que ver con el hecho de que fuera un proveedor de la Diputación que él presidió. "Yo insisto en que no se lo pedí a Facsa, se lo pedí a Enrique Gimeno, que es amigo mío desde hace muchos años y lo sigue siendo. Facsa ya era proveedor de la Diputación antes de que yo fuera presidente y hace diez años que no lo soy y sigue siendo proveedor. Por lo tanto, no tiene nada que ver conmigo. Entre otras cosas porque yo no tomo las decisiones técnicas en la Diputación", comentó.
Sobre la entrega de dinero por parte de Fernando Roig en agosto de 2014, Fabra detalló que él estaba a punto de ingresar en prisión en esos momentos: "Estaba realmente desbordado de gastos. Tenía que pagar abogados, procuradores, gastos de todo tipo. Fernando Roig ha sido y es uno de mis mejores amigos, posiblemente mi mejor amigo. Hablé con él, le conté mis necesidades y me dio 300.000 euros. Firmamos un contrato a 8 años que no ha vencido todavía pero que de momento no he podido ni puedo devolverle. He ido a verle y a decirle que no podía devolvérselo todavía. Me ha dicho que no me preocupe".
Las deudas que mantiene tanto con Roig como con Gimeno, señaló, no las ha devuelto. "No he podido ni puedo ni creo que a corto y medio plazo pueda hacerlo. Mi situación económica es bastante… yo vivo de mi pensión y de la ayuda que me prestan mis hijos", argumentó.
