La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, responsable de la cartera desde junio de 2015. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El Pleno del Consell aprobó este viernes el nombramiento de José Gabriel Olmo como nuevo subsecretario de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, en sustitución de Antoni Llorente, quien fue designado secretario autonómico de Participación y Transparencia tras la salida de Ignacio Blanco a petición propia. Este último, cargo elegido a petición de Esquerra Unida, viaja a un departamento controlado precisamente por la coordinadora general de su partido, Rosa Pérez, tras no haber mantenido la mejor de las sintonías con la titular de Justicia, Gabriela Bravo, designada en 2015 a petición del PSPV-PSOE.
Un cambio, tres meses después del nombramiento inicial, que pone de manifiesto que la citada conselleria es una cartera que a veces conlleva dificultades de adaptación para los cargos y altos funcionarios que la pueblan. Prueba de ello es que en puestos relevantes de este departamento se han producido la friolera de más de 50 cambios desde que Bravo tomara el mando a finales de junio de 2015. Una cifra, referida solo al segundo escalón y a plazas de mando de funcionarios, que evidencia que no solo la Conselleria de Hacienda es una trituradora de dirigentes y altos empleados públicos.
Atendiendo a los altos cargos del segundo escalón, que se eligen de forma discrecional por la consellera, vemos que precisamente en la Subsecretaría empezó su mandato con Luis Felipe Martínez, para después sustituirlo por Bárbara López Ramón, a quien luego trasladó para dar entrada al citado Toni Llorente, ahora relevado por Gabriel Olmos.
En su círculo más próximo, como es la Jefatura de Gabinete, Bravo también ha realizado varios cambios en este periodo, aunque en este caso fruto de ofertas externas. Comenzó con Luis Fernando Rodríguez, quien se marchó al Ministerio de Justicia y prosiguió con Darío Moreno, que abandonó el cargo para ser candidato a la Alcaldía de Sagunt, objetivo que consiguió. El actual responsable en el puesto es Alberto Muiños. Tampoco el resto de colaboradores han sido 'fijos', como es el caso de Javier Zaldívar, Ángela María Navas o Silvia Piquer, que pasaron por este departamento como asesores.
En la Dirección General de Justicia, el mando de Bravo comenzó con Àngels García Vidal, que fue destituida para situar a Verónica López Ramón, a quien relevó Bárbara López tras dejar la subsecretaría. Solo el director general de Reformas Democráticas, José García Añón, persona de máxima confianza de la consellera, se mantiene en el puesto desde 2015. Sobre el resto de altos cargos, la Secretaría Autonómica y la Dirección General de Función Pública corresponden a Podemos y a Compromís y solo cambiaron de manos tras los cuatro años de la primera legislatura.
Uno de los puestos que más llama la atención es la dirección de la Ciudad de la Justicia de València, que ha tenido cinco gerentes desde 2015. Por orden cronológico, David Sevilla, José Juan Tomás, Silvia Cremades y Miguel Furió precedieron a la actual ocupante del puesto, Helena Agustí.
Una inestabilidad a la que se suma esta misma plaza en Castellón, donde empezó la legislatura Jaime Font de Mora, le siguieron Arturo Visus y María Tamara Silva hasta llegar a Ángel Luis Tomaselli, actual gerente de la Ciudad de la Justicia. Menos movida ha sido la hoja de ruta en Alicante, donde Javier Martínez Hellín fue el primer gerente y su sustituto, Miguel Ángel Lorca es, de momento, el definitivo.
Un baile de cambios que se alarga en los puestos de mando funcionariales. La Secretaría General Administrativa ha tenido cinco responsables diferentes en menos de cinco años; la Subdirección General del Gabinete Técnico, ha tenido dos aunque estuvo vacante un tiempo; tres personas distintas en este periodo han liderado la Subdirección General para la Modernización de la Justicia y cuatro han estado al frente de la Subdirección General de Infraestructuras y Mantenimiento de las Sedes Judiciales.
El récord en este capítulo lo ostenta la Subdirección General de Recursos Materiales dado que hasta seis funcionarios distintos han dirigido este departamento desde 2015. Cuatro han pasado por la Jefatura del Servicio de Modernización de la Justicia, otros cuatro por la Jefatura de Servicio de Recursos Materiales y cuatro más por la Subdirección General de Reformas Democráticas. Tres lo han hecho por la Jefatura de Servicio de Entidades Jurídicas y Fundaciones, otros tres por el Servicio de Justicia Gratuita.
Un rosario de variaciones a las que se pueden sumar otras, como los tres responsables distintos de la Subdirección General del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP), u otras variaciones en la Subdirección General de Promoción Profesional o en las Jefatura de Servicio de Personal.
Una serie de cambios tanto en los puestos directivos del segundo escalón como en lo referente al alto funcionariado que invitan a la reflexión acerca de las dificultades para que una conselleria encuentre la estabilidad con tal volumen de cambios y relevos. Más aún si se tiene en cuenta que en esta legislatura ha ampliado sus competencias respecto al mandato anterior, puesto que ahora recae en ella Emergencias, que de 2015 a 2019 se ubicó bajo el paraguas de Presidencia de la Generalitat.
