Abogados Cristianos tiene lista ya su ofensiva judicial para que la cruz del Ribalta "no se toque"

CASTELLÓ. El conflicto de la cruz de Ribalta tiene visos de enquistarse, a pesar del acuerdo anunciado por el Ayuntamiento de Castelló a finales de junio para que la Diócesis custodie el monumento una vez se produzca la retirada del parque. La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, asegura que ese pacto "se ha manipulado" desde el equipo de gobierno, "porque en ningún momento el Obispado se ha ofrecido para quedarse el monumento", puntualiza. "Lo que ha dicho es que si ha de acabar tirado en un vertedero, entonces reclamará al consistorio que se lo ceda", prosigue.

En este punto, Castellanos avisa que su asociación seguirá adelante con la ofensiva judicial, salvo que el consistorio decida dar marcha atrás al expediente. "Lo tenemos todo listo. Estamos esperando a los próximos movimientos del Ayuntamiento", en alusión a la resolución de las 170 alegaciones presentadas, 55 de ellas contrarias a que se elimine el vestigio franquista, como así lo considera la Dirección General de Calidad Democrática.

La asociación no solo preparara un nuevo Contencioso-Administrativo, sino también un procedimiento penal contra la alcaldesa, Amparo Marco, por prevaricación. "No vamos a consentir que ataquen nuestro patrimonio y nuestra fe estos talibanes", advierte la presidenta, quien afirma estar en permanente contacto con el Obispado. "Les hemos comunicado que vamos a seguir luchando por la cruz, porque no se toca. Ellos están totalmente conformes", subraya.

Reunión con el Vicario General

El pasado 25 de junio, la concejala de Memoria Democrática, Verònica Ruiz (Compromís), comunicó un acuerdo con la Diócesis Segorbe-Castelló para que se haga cargo de la cruz. Lo hizo tras reunirse con el vicario general por delegación del obispo. En ese encuentro, y según la nota de prensa del Ayuntamiento, la nueva ubicación del lábaro se dejó en el aire.

En su día, y debido a la firme convicción del Acord de Fadrell de culminar la retirada de la cruz, se planteó el cementerio de San José como posible emplazamiento. Sin embargo, se trató de una mera especulación, ya que además el expediente sufrió una paralización en marzo de 2019 a raíz precisamente del recurso interpuesto por Abogados Cristianos ante el Juzgado de lo Contensioso-Administrativo número 1 de la capital de la Plana.

A partir de ese instante, los contratiempos para el ejecutivo local se sucedieron. A las medidas cautelarísimas dictadas por la jueza, se sumó el informe del secretario general municipal, avalando ese fallo. "El principio de prudencia obliga al funcionario que suscribe advertir que procede la suspensión del procedimiento instado por Cultura", recalcó en su escrito de fecha 24 de mayo.

El equipo de gobierno se vio obligado a recurrir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que le dio la razón en marzo de 2020. Tras inadmitirse una apelación de la asociación para elevar la causa al Supremo, el Ayuntamiento retomó el expediente. No obstante, ante la necesidad de actualizar la documentación, ajustándose más a la legalidad vigente, la concejala de Memoria Democrática decidió iniciar un nuevo procedimiento, en el que ahora está inmerso el tripartito para eliminar la cruz de Ribalta antes de finalizar la presente legislatura.