CASTELLÓ. La pugna entre Aprocol y el Ayuntamiento de l'Alcora por la instalación de la planta de residuos en la localidad de l'Alcalatén vive un nuevo capítulo. La empresa ha recibido el aval del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana para seguir adelante con el procedimiento administrativo que autorizaría a la sucesora de Reyval a desarrollar el proyecto. Con su fallo, El TSJCV revoca la negativa de la Generalitat Valenciana a la Autorización Ambiental Integrada.
Tras conocer la sentencia, el Ayuntamiento de l'Alcora ha reaccionado y el alcalde, Samuel Falomir, ha anunciado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Atención Profesional Colegiada (Aprocol) promueve la instalación de una planta de almacenamiento temporal, transferencia y tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos en la localidad. En ella, tal y como recoge textualmente el proyecto, está previsto realizar "tratamientos de valorización, reutilización y reciclaje de los residuos industriales y la esterilización de residuos sanitarios". En cuanto a los residuos peligrosos, para los que no se prevé un tratamiento específico dentro de las instalaciones, deberán ser "almacenados y reexpedidos" a un gestor autorizado.
En 2019, Aprocol solicitó a la Generalitat la correspondiente AAI para lograr la reapertura de la planta. En 2021, el Ayuntamiento de l'Alcora, tras la exposición pública del proyecto, emitió un informe desfavorable, argumentando que el proyecto expuesto "difería significativamente" del que se había presentado originariamente al consistorio en 2018, y que el expuesto "no era compatible" con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.
Así, y según el consistorio, el informe de compatibilidad urbanística que el Ayuntamiento otorgó a Aprocol no era aplicable a la documentación que la mercantil presentó en la Generalitat para obtener la Autorización Ambiental Integrada, pues, según Falomir, incluía la actividad "valorización no energética de residuos peligrosos con capacidad superior a 10 t/día", clasificada dentro del Grupo A, grado 4-5; y el PGOU de l'Alcora no permite instalar actividades nuevas con este grado de nocividad e insalubridad.
Otra prueba de que, según el primer edil de la localidad, el proyecto que presentó la mercantil al Ayuntamiento no tenía "nada que ver con el que presentó a la Generalitat" es que en la documentación presentada al consistorio constaba que "en la planta se tratarían 36 tipos de residuos", mientras que en el proyecto presentado a la Generalitat el número de residuos ascendía "a más de 500".
La Generalitat Valenciana respaldó la postura del Ayuntamiento reflejada en su informe y resolvió denegar la autorización ambiental. Ante esta decisión, en 2022, Aprocol interpuso un recurso de alzada que fue desestimado. Posteriormente, la empresa recurrió judicialmente esta decisión ante el TSJCV, lo que finalmente ha resultado en la sentencia reciente a su favor que anula la denegación de la AAI.
En rueda de prensa, el alcalde de l'Alcora ha explicado que, tras analizar detenidamente la sentencia, el Ayuntamiento no comparte el fallo judicial. Así, el alcalde ha subrayado que "mantenemos nuestra convicción de que el proyecto que se expuso no es compatible con nuestro PGOU, por lo que, con el respaldo del asesoramiento jurídico, adoptaremos las acciones legales pertinentes". Falomir ha querido reafirmar así "el compromiso del Ayuntamiento con la defensa de la normativa urbanística vigente".
El primer edil también ha hecho un llamamiento a la Generalitat Valenciana para que considere recurrir la sentencia. "Esperamos que la Generalitat recurra también y que podamos trabajar juntos para defender la posición que hemos mantenido desde un principio", ha concluido el alcalde.