Foto: ANTONIO PRADASCASTELLÓ. El proceso de liquidación de la Arce Cerámicas ha acabado llevando a juicio a sus administradores y a otras empresas vinculadas o clientes de la firma, sin actividad desde hace una década. El proceso abierto en la Audiencia Provincial de Castellón debe determinar si en los años previos al concurso de acreedores y la apertura del proceso de disolución de la mercantil se habrían producido diversas irregularidades económicas de las que se habrían beneficiado los administradores y familiares, tal y como defiende la Fiscalía y dos acusaciones particulares.
Por este motivo este martes se sentaron en el banquillo, acusados de varios delitos societarios, nueve administradores y empresarios y, como responsables civiles subsidiarias, cinco empresas, entre las cuales está la conocida firma azulejera Argenta, por unos hechos sucedidos hace más de una década. Con todo, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial decidió aplazar las dos sesiones del juicio previstas para este miércoles y viernes por el hecho de que uno de los abogados fuera también testigo en el caso, lo cual supone una incompatibilidad. Ahora debe decidirse un abogado sustituto y encontrar una nueva fecha para retomar la vista oral, algo que no debería demorarse demasiado.
En su escrito de calificaciones, el fiscal acusa a los que fueran administradores de Arce en aquellos años -especialmente entre 2008 y 2012- de un delito societario de falseamiento de cuentas, delito de insolvencia punible y delito de administración desleal, si bien en el inicio de la vista de este lunes, expuso su intención de sustituir este último por el de apropiación indebida.
A su juicio, y tal como expone en el mencionado escrito, los administradores de la empresa radicada en Vilafamés actuaron "abusando de la mayoría del capital social que detentaban y abusando de los cargos sociales que ostentaban en la sociedad" y "guiados por un ánimo de obtener beneficio económico" en perjuicio tanto de la compañía como del resto de socios. Asimismo, también les acusa de "falsear de una manera maliciosa las cuentas" para que "no reflejasen una imagen fiel" con el objetivo de "ocultar estas actuaciones ilegítimas", algunas de ellas con otras compañías "en las que tenían intereses los acusados o sus familiares directos".
De hecho, el propietario de Arce Cerámicas ya fue condenado en 2009 por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Castellón a dos años de inhabilitación en la tramitación del concurso de acreedores que la empresa solicitó en 2009.
Ahora, el Ministerio Fiscal considera que dos de los directivos de la compañía agravaron la crisis económica de la mercantil con diversas actuaciones. Por ejemplo, percibiendo retribuciones pese a que "no existía previsión estatutaria" que autorizara esos cobros y pese a que los estatutos establecían expresamente la gratuidad del cargo. Estas retribuciones ascendieron, señala el fiscal, a más de 345.000 euros en 2008 y casi 162.000 euros en 2009.
También habrían cobrado, entre ambos, más de 255.000 euros a cargo de tres pólizas de seguro "agravando por otra parte la situación de insolvencia de la empresa". Cuestión que ya llegó a juicio y la sentencia obligó a uno de los directivos a devolver el dinero cobrado indebidamente, si bien sólo reintegró 35.000 euros del total, según el fiscal.
Pero además de estos hechos, el Ministerio Fiscal relata vinculaciones con otras firmas que también habrían producido un perjuicio a Arce, por lo que también les imputa un delito de administración desleal. Por ejemplo, la Fiscalía expone un acuerdo que Arce alcanzó con los socios de otra mercantil por valor de 414.000 euros "por unas compras ficticias de productos cerámicos a esta última, para lo cual se simularon la realización de las facturas".
A ello se suman facturas entre 2002 y 2009 de dos empresas dirigidas por las esposas de los administradores de Arce. Facturas mensuales "por supuestas comisiones devengadas que no se correspondían con ninguna operación comercial real", expone la Fiscalía, y mediante las cuales habrían obtenido un "beneficio económico ilícito" de 87.000 euros, con "el consiguiente perjuicio económico" para Arce.
Por otro lado, una vez la compañía ya había entrado en concurso, convino con Argenta un acuerdo de "colaboración o maquila" en el que Arce se comprometía a venderle material cerámico "a un precio por debajo de los costes de producción", que fue de 0,85 euros por metro cuadrado de material. Un acuerdo "económicamente perjudicial" para la firma en concurso "por el bajo precio pactado en relación con los costes". Y con ello, señala el fiscal, "lo único que pretendían era obtener un beneficio económico ilícito" que se cifró en casi 350.000 euros en 2011 y más de 690.000 en 2012.
También entre 2010 y 2012 se aprobaron pagos "por servicios no imputables a la empresa" a otra compañía que era propiedad de uno de los administradores de Arce. En este caso, los pagos totales fueron de más de 520.000 euros, de los cuales 187.000 corresponderían a estos "servicios no imputables a la empresa". Y en el mismo período, Arce pagó a la empresa dirigida por el hijo de uno de los administradores otros 673.000 euros por "supuestas comisiones", incluso hasta el día previo a la liquidación de la firma, siempre según el relato de la Fiscalía.
Por ello, el Ministerio Fiscal pide para los administradores de Arce 10 años y tres meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo y diversas multas entre 1 y 4 millones de euros. Para los responsables de las otras compañías involucradas, el fiscal pide penas de dos años de prisión e inhabilitación especial, además de multas que oscilan entre los 120.000 y los 1,2 millones de euros. Asimismo, reclama hasta 3,3 millones de euros en total en concepto de indemnizaciones.
Pese a que la compañía entró en concurso en 2009, no fue hasta el pasado 28 de septiembre cuando el Boletín Oficial del Registro Mercantil publicó el auto de disolución de la misma.
