CASTELLÓ. La Comisión Europea publicó la semana pasada en consulta pública el nuevo reglamento de emisiones de CO₂ para el periodo 2026-2030 y confirmó los peores pronósticos: mantiene el recorte de un 34 % en los derechos gratuitos para la industria cerámica de España, concentrada en la provincia de Castellón. Hasta junio, el azulejo y el Gobierno central pueden alegar contra esta medida, pero de momento la Unión Europea ha dado un portazo a las reivindicaciones de un sector clave en el tejido económico de la Comunitat Valenciana. La industria tiene asumido el proceso de descarbonización como una cuestión no meramente ambiental, sino estratégica, consciente de la necesidad de reducir el consumo energético y su dependencia de los combustibles fósiles. Pero considera un riesgo para su futuro los exigentes plazos que marca la UE y el aumento del impuesto de CO₂.