La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes. Foto: EFE/MORELLALICANTE. Incremento de las sanciones a los infractores y refuerzo de las competencias de los ayuntamientos para que puedan decidir la imposición de límites en base a estudios de carga o capacidad máxima. Esos serán dos de los principales pilares en los que se asentará la revisión de la normativa autonómica que regula la vivienda turística en la Comunitat que la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo prevé lanzar para el inicio de su tramitación antes de que concluya este mes de julio.
Se trata de un texto en el que el departamento que coordina Nuria Montes viene trabajando desde hace más de medio año y que ahora queda situado en la línea de salida, en un contexto en el que el Gobierno Central también estaría pisando el acelerador para promover una regulación estatal actualizada. Por lo pronto, esa actualización general no contaría con el respaldo de la Generalitat, en la medida en que se interpretaría que se estaría produciendo una invasión de competencias autonómicas, según señaló la propia Montes este jueves, en la presentación del proyecto Tech FabLab. Sea como fuere, lo cierto es que, hasta cierto punto, las dos propuestas de regulación guardarían ciertas similitudes.
Entre las principales semejanzas, la primera sería la obligatoriedad -que ya existe en la Comunitat- de que las viviendas turísticas que cuenten con la preceptiva licencia para el desarrollo de esa actividad económica queden inscritas en un registro oficial. Y la segunda, sería el refuerzo de la capacidad de decisión de las comunidades de propietarios para que puedan vetar la posibilidad de que una vivienda de una finca residencial pueda ser alquilada como alojamiento temporal, como recoge la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS), tras estimar dos reclamaciones concretas planteadas por dos comunidades de vecinos de San Sebastián y Oviedo. De hecho, la normativa autonómica tendrá en cuenta "a la hora de conceder una licencia" de vivienda turística "que esté autorizada esta actividad en los estatutos de la comunidad de propietarios", recalcó.
Pero, además, la regulación autonómica incorporará otros condicionantes específicos, como el hecho de que se exija a los propietarios de las viviendas que inscriban sus propiedades en el registro oficial precisando la referencia catastral del inmueble. Con ello se permitiría identificar cada vivienda "con su propia matrícula", según ejemplificó Montes, y cruzar los datos con la información recogida en las plataformas digitales en las que se publicitan los alojamientos turísticos para que aflore la oferta no regulada, "la economía sumergida", según incidió la consellera, que alcanzaría un alto porcentaje en esas plataformas, añadió. En esa labor de contraste, deberá jugar un papel esencial la herramienta basada en el uso de Inteligencia Artificial (IA) que se pretende desarrollar en en respuesta al primer reto de innovación puesto sobre la mesa en el marco del proyecto Tech FabLab.
A priori, el desarrollo de esa herramienta debería estar operativo en el plazo de un año, según precisó Montes. Y ello, recalcó, al margen de la normativa europea que ya obliga a dichas plataformas a facilitar los datos de su oferta para que se puedan cotejar con los datos de los registros oficiales. En todo caso, añadió que ese plazo de un año para que se implemente ese mecanismo de rastreo resultaría suficiente para que pueda lanzarse una campaña informativa previa en la que se emplace a los propietarios de viviendas que deseen comercializarlas como apartamentos turísticos a regularizar su situación.
Después, en el caso de que se detecte un infractor, se aplicará un régimen sancionador endurecido respecto al actual, aunque Montes no llegó a cuantificar el importe de las posibles multas en su graduación por gravedad. De hecho, fuentes del departamento autonómico consultadas por Valencia Plaza precisaron que la determinación de las cuantías sería uno de los últimos flecos todavía pendientes de cerrar en la regulación. En todo caso, Montes señaló que "seremos tremendamente estrictos en el control de la economía sumergida y con aquella vivienda que se está comercializando al margen de la norma".
Al margen de ello, el texto autonómico pondrá el énfasis en la posibilidad de que cada municipio acuerde sus propios límites, sin que se aplique un régimen igualitario para el conjunto del territorio, de modo que sea cada ayuntamiento y cada ciudad la que analice su situación particular y actúe en consecuencia. "No estamos de acuerdo con una prohibición generalizada como la que ha anunciado el Gobierno de España, porque no tiene en cuenta la diferencia de fenómeno turístico en función de cada municipio; no tiene nada que ver Alicante con Benidorm, con Valencia o con los municipios del interior", enfatizó. "¿Qué ocurrirá con los municipios que solo se han podido desarrollar turísticamente en base a esta modalidad de alojamiento, en el marco de la legalidad cuando la amenaza del Gobierno es precisamente una prohibición total?", se cuestionó.
"Cada ayuntamiento tiene una realidad turística diferente, y nadie más conoce mejor dónde se puede crecer en esta modalidad y dónde no, por lo que no podemos hacer una regulación uniforme", señaló. De este modo, según explicó, serán los ayuntamientos a través de sus "instrumentos de planeamiento urbanístico" quienes determinen si permiten o no el modelo de vivienda turística. O, incluso, si lo permiten en determinadas zonas y en otras no, lo que daría lugar a una posible sectorización, en el que se delimitase una determinada "capacidad de carga, es decir, un número máximo de vivienda turística".
"Nosotros no nos planteamos prohibir la concesión de licencias, nosotros generamos un marco regulador", abundó Montes, aunque sí apuntó que esa potestad de regulación o limitación quedaría en manos de cada ayuntamiento, "exactamente igual que sucede en otras actividades económicas; uno no puede desarrollar un polígono industrial donde quiera, pues esto es una actividad empresarial y comercial y se realizará donde se considere que se puede realizar; no somos partidarios de una prohibición, sino de una regulación", recalcó.
En todo caso, el nuevo texto normativo sí recalcará la prohibición del alquiler turístico de habitaciones individuales por separado, que ya existe en la regulación actual, pero que se subrayará para que pueda extinguirse esa práctica "muy extendida también en la Comunitat". "Vamos a ser estrictos y reiterativos para que a nadie le quepa duda de que queda terminantemente prohibido el alquiler turístico de habitaciones en viviendas", dijo.
Por último, Montes se refirió a las primeras movilizaciones que ya se estarían organizando en algunas ciudades como Alicante en contra de la masificación del turismo y de la proliferación de viviendas turísticas para señalar que, a su juicio, son convocatorias "interesadas o orientadas por movimientos o corrientes políticas". "La Comunitat siempre ha sido un territorio caracterizado por su hospitalidad y por la convivencia pacífica entre turistas y residentes; eso es así de manera generalizada, aunque no podemos discutir el derecho que tiene cualquier persona a manifestarse, porque es legítimo; pero no estoy de acuerdo y no comparto ningún mensaje de turismofobia en ningún punto de la Comunitat", insistió.
"Precisamente, nos estamos adelantando, con estas acciones de gobierno de integración y de acuerdo social, a esos conatos de turismofobia, basados en conatos o en apreciaciones particulares, para que no se produzca", añadió. "El turismo es esencial en la Comunitat y en la provincia de Alicante todavía más, no podemos vivir sin actividad turística, y estaremos apoyando todas las acciones que se den en el marco legal", concluyó.
