Foto: GVA VALÈNCIA. La eliminación del límite de 500 metros para el autoconsumo solar compartido a través de la red de baja tensión permitirá que muchos más ciudadanos, empresas y comunidades sin tejados aptos para la energía solar puedan beneficiarse del autoconsumo energético.
La posibilidad de compartir la energía generada más allá de esos 500 metros que se imponían como límite da acceso a nuevos a potenciales consumidores excluidos, pero la medida es especialmente beneficiosa en dos ámbitos concretos: el mundo rural, por la dispersión entre consumidores, y las comunidades energéticas locales (CEL).
Hasta ahora, para poder generar y compartir su propia energía, los autoconsumidores (empresas, particulares o comunidades de vecinos) no podían encontrarse a más de 500 metros del lugar de instalación de los paneles solares porque esa era la distancia máxima a la que los conductores habituales podían transportar sin necesidad de transformadores la energía generada en baja tensión.
Además, de ahora en adelante ya no se les exigirá a los autoconsumidores estar registrados en la misma referencia catastral que la de la planta de producción ni tampoco se impedirá instalar otra planta en una parcela donde ya hubiera paneles registrados, algo que hasta ahora tampoco era posible.
Con la derogación del tope de distancia, el Gobierno sigue los pasos que ya han dado otros países como Francia o Portugal, que han ampliado a 2 kilómetros para aumentar el número de potenciales consumidores que pueden beneficiarse del autoconsumo colectivo.
Según los agentes del sector, estos cambios deberían suponer el despliegue definitivo de las comunidades energéticas locales, un modelo con muy poca penetración en España pero que en otros países europeos como Alemania o Dinamarca está mucho más extendido a pesar de tener un menor potencial de generación fotovoltaica por contar con menor radiación solar.
En esencia, una comunidad energética local no es más que un grupo de usuarios de electricidad que se unen para convertirse en productores, gestores y usuarios de la energía que ellos mismos producen en una instalación solar de su propiedad. Pueden ser, por ejemplo, una comunidad de vecinos, un grupo de personas residentes en el mismo barrio o empresas de un polígono industrial, aunque no todos ellos tengan acceso a tejados aptos para el autoconsumo. También pueden participar las administraciones públicas.
Un ejemplo es la desarrollada en Crevillent por Enercoop, la primera comunidad energética local de Europa en la que se utilizan 21 espacios públicos municipales para instalar paneles hasta sumar 1 MW de potencia, suficiente para cubrir la mitad de las necesidades energéticas de toda la población.
Legalmente pueden producir, autoconsumir, almacenar, compartir o incluso vender la energía que producen de fuentes renovables con el consiguiente ahorro en la factura eléctrica y el impacto beneficioso en el medioambiente por las emisiones de CO2 evitadas. Para ello, deben asociarse y constituirse como entidad jurídica de participación abierta y voluntaria, autónoma y efectivamente controlada por sus socios, aunque no necesariamente ha de ser en forma de cooperativa.
De hecho, se prestan a colaboraciones público-privada-ciudadanas, aunque este modelo de gobernanza está poco desarrollado en España, o pueden estar constituidas solo por empresas siempre que se permita a unirse a cualquier persona física o jurídica elegible, ya que es un modelo basado en la participación abierta y no discriminatoria.
Hasta ahora, esos socios no podían estar a más de 500 metros del lugar de instalación de los paneles fotovoltaicos, por lo que la derogación de ese límite aumenta las posibilidades de las CEL de captar nuevos socios ya sea como consumidores de la energía generada, como facilitadores de un espacio para instalar las placas o como financiador a cambio de una rentabilidad.
El principal beneficio para las CEL es la reducción del coste de suministro energético y, por tanto, de la dependencia energética, pero a nivel colectivo reportan un beneficio ambiental y pueden dinamizar el desarrollo de la economía local en zonas urbanas o rurales al promover nuevas inversiones.
Una vez constituida la CEL, los socios firman un acuerdo para el reparto de la energía por cuotas y afrontan el coste de la instalación de manera proporcional a la cuota de consumo que hayan fijado en el contrato de la comunidad. Todos los participantes pueden ver en sus contadores el balance energético entre la energía consumida de la red y la obtenida a partir de los paneles solares. Como en el caso de los consumidores individuales, pueden dar de alta su instalación en la modalidad de compensación simplificada de excedentes, de forma que la compañía eléctrica les compense con un descuento en la factura por el excedente fotovoltaico que vuelcan a la red.
Con el fin de aumentar la penetración de las fuentes de generación de energía renovable, la Comunitat Valenciana es una de las regiones que había pedido al Gobierno central la ampliación de ese límite por haberse quedado desfasado. Esos 500 metros impedían que, por ejemplo, muchos polígonos industriales alejados de sus respectivos núcleos urbanos pudieran compartir con los vecinos la energía generada en sus cubiertas.
Para Paula Tuzón, secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica, la supresión de ese límite es una buena noticia a medias, ya que esperaba mayor concreción del Gobierno a la hora de fijar el nuevo límite. Su propuesta es que se amplíe a 5 kilómetros, pero la cifra que se maneja en el Ministerio de Teresa Ribera es de 2 kilómetros, en línea con los países del entorno.
"Hace falta implementarlo ya porque no hay ninguna limitación técnica para ello; espero que se concrete ya en las próximas semanas y no se quede en el aire", sostiene Tuzón, quien considera que no es "ningún secreto" que a algunas distribuidoras y comercializadoras eléctricas no les interesa la extension de este modelo porque supone la desconexión de la red convencional".
No obstante, considera que ayudaría mucho al despliegue de estas comunidades energéticas una mayor definición sobre la figura jurídica que deberían adoptar, una cuestión que la legislación actual deja abierta. En ese sentido, Tuzón considera que, de estar claramente concretada esta cuestión, su tramitación municipal se despejaría, por lo que se le ha propuesto al Ministerio de Transición Ecológica que defina una figura prioritaria.
En cualquier caso, subraya que para beneficiarse del autoconsumo compartido no necesariamente ha de constituirse una comunidad energética. En ese sentido, dos o más particulares con acceso a un espacio en el que instalar los paneles solares podrían ser copropietarios y compartir la energía conforme a unas cuotas acordadas y reflejadas en un contrato privado.
"Nada impide a una persona ser copropietario de placas y compartir la energía", asegura Tuzón, quien explica que, con vistas a legalizar la instalación y solicitar una ayuda pública, la administración podría tramitar esa ayuda siempre y cuando los autoconsumidores demostrasen que están asociados para un autoconsumo colectivo.
El Consell del Botànic ha puesto en marcha varias iniciativas enfocadas a extender la figura de las CEL. Muestra de ello es que desde 2020 cuenta con su propio Plan de Fomento de las Comunidades Energéticas Locales, cuyo objetivo es que los 542 tengan su propia comunidad energética antes de 2030. Este plan está dotado con 2,7 millones de euros.
Para cumplir ese objetivo debería crearse nuevas comunidades energéticas a un ritmo de 57 por año, ya que en diciembre de 2020 la Generalitat solo tenía trece censadas, según se refleja en ese plan.
Además, este mismo mes de septiembre ha convocado ayudas económicas para la promoción y constitución de comunidades energéticas locales y realización de estudios energéticos de potencial de generación de energías renovables en el ámbito local. A ellas se suma otra línea de ayudas para el asesoramiento jurídico en la creación de las CEL.
En cuanto al paquete energético anunciado por el Gobierno central, la secretaria autonómica de Emergencia Climática lamenta el mantenimiento del límite máximo de 100 kW de potencia solar instalada para poder acogerse a la modalidad de autoconsumo con compensación simplificada de excedentes. La Generalitat ha propuesto elevar ese límite a 1 MW para evitar la situación actual, en el que algunos autoconsumidores por encima de 100 kW instalan dispositivos antivertido para no tener que darse de alta como productores eléctricos. El desperdicio de los excedentes energéticos actual en la Comunitat Valenciana por esa circunstancia se cifra en 10 GWh anuales, el consumo de 3.000 familias.
