CASTELLÓ. La decisión de la Dirección General de la Costa y el Mar de seguir adelante con el proceso de recuperación posesoria de las construcciones del poblado de Torre la Sal, en Cabanes, ha movilizado a las administraciones local, provincial y autonómica. Representantes de las tres instituciones mantuvieron este viernes un encuentro con los vecinos afectados por este proceso que puede desembocar en una suerte de desahucio.
El conflicto ha resurgido una vez que Costas ha empezado a notificar a los vecinos su reafirmación de que las viviendas se alzan sobre terreno de dominio público marítimo-terrestre y que, por ello, tiene "la base legal" necesaria para iniciar el proceso de recuperación posesoria y rectificar las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde aprobado en 1975 y 1993. Esto es, tomar posesión de las viviendas ahora registradas a nombre de medio centenar de familias afectadas. Mientras, las familias siguen defendiendo que las viviendas son propiedad privada y que no existe un deslinde "debidamente ejecutado".
La decisión de Costas es ya firme y contra ella solo cabe acudir al contencioso administrativo. El Ayuntamiento de Cabanes ya ha anunciado que dará ese paso y así lo ha transmitido este viernes en la reunión con la asociación de vecinos de Torre la Sal. "Para el Ayuntamiento de Cabanes, Torre de la Sal es una prioridad, es por eso que nuestro servicio jurídico ya está trabajando en el tema, estamos en contacto constante con los vecinos para ir coordinados", ha afirmado la alcaldesa en funciones, Virginia Martí, quien tomará posesión de su cargo este sábado en cumplimiento del pacto de gobierno.
El alcalde saliente y actual vicealcalde y delegado de playas, David Casanova, ha enfatizado que seguirán en la misma línea de defensa y protección del poblado marítimo de Torre de la Sal. "Por eso en los presupuestos del 2025 viene recogido un aumento en la partida presupuestaria para poder trabajar y poner en valor este entorno privilegiado y único, que hay que preservar", ha dicho.
La alcaldesa y el vicealcalde han insistido en la necesidad de unir esfuerzos para defender el poblado. Virginia Martí y David Casanova han subrayado que "hay que ir todos juntos en este caso", y ha destacado que desde el primer día han estado junto al vecindario y los afectados.
"El Ayuntamiento también es uno de los perjudicados y tenemos que trasladar, de la manera pertinente, nuestro malestar con esta situación para defender los intereses de nuestros vecinos y vecinas de Torre de la Sal y revertir una situación que consideramos injusta", han concluido.
Por su parte, la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha anunciado que ampliarán la línea de ayudas para la defensa del territorio y garantizará que los ayuntamientos cuenten con la asistencia necesaria para la protección de su costa. Barrachina ha realizado este anuncio tras el encuentro mantenido con los vecinos de Torre la Sal. Un encuentro al que también ha asistido el diputado de Medio Natural, José María Andrés, y el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y que viene motivado tras conocer que la Dirección General de la Costa y el Mar, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, haya comenzado a notificar a los propietarios del poblado de Torre la Sal, la desestimación de los recursos de alzada presentados contra la resolución de Costas de 2021 en la que se acordaba la recuperación posesoria de las viviendas levantadas en esta zona del litoral por estar en dominio público marítimo-terrestre.
"Desde la Diputación reforzamos nuestro compromiso por estar al lado de nuestros ayuntamientos en la defensa del territorio”, ha incidido la presidenta de la institución, quien ha anunciado que “las ayudas propias de la Diputación destinadas a la defensa del territorio y que impulsamos por primera vez el pasado ejercicio se ampliarán para respaldar a los ayuntamientos en todo el proceso judicial que puedan iniciar con el fin de proteger y defender nuestra costa, garantizando así la asistencia jurídica necesaria”.
“Desde la administración provincial ponemos a disposición de la ciudadanía los recursos necesarios para que los municipios puedan disponer de los mecanismos necesarios para poder defender el presente y el futuro de nuestra provincia, proteger el territorio y los intereses de todos los vecinos que puedan verse perjudicados por una serie de decisiones como la que ahora hemos conocido por parte de la Dirección General de la Costa y el Mar”, ha concluido Marta Barrachina.
Finalmente, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha destacado el papel que tendrá la futura Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, que, ha asegurado, contará con "mecanismos para tratar de poner freno a deslindes y a las recuperaciones posesorias, como las que quiere ejecutar el Gobierno en Torre la Sal".
El titular de Medio Ambiente ha explicado que el objetivo es que "esta ley sirva para acoger temas que no tienen solución adecuada en la norma estatal, como los núcleos costeros tradicionales -entre los que se incluye el caso de Torre la Sal en Cabanes-, las zonas de marjal o la compatibilidad entre los usos humanos en la costa y sus valores naturales". "Además, trata de abordar la regresión con herramientas de protección, así como dar voz a los ayuntamientos en la gestión del litoral", ha puntualizado.
En este sentido, ha remarcado que en la futura norma se incorporarán cuestiones como la vigilancia sobre las resoluciones estatales que puedan suponer perjuicio a la costa valenciana o sus habitantes, el inventario de terrenos costeros degradados "o la creación de bolsas de suelo destinadas a reordenar espacios que no puedan ser recuperados".
Tras el encuentro en Torre la Sal, el conseller ha incidido en que esta norma "complementa a la legislación estatal y se fundamenta en los principios de protección, mejora ambiental y reordenación urbanística con el objetivo de regular de manera efectiva el uso y la conservación del litoral". Es decir, "reafirma el compromiso del Consell para establecer una ley autonómica que responda a las competencias que establece el Estatut de Autonomia", ha matizado Martínez Mus.
