CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Cabanes acudirá a la vía judicial para intentar salvar el poblado de Torre la Sal después de que la Dirección General de la Costa y el Mar haya comenzado a notificar a los vecinos que su decisión de iniciar la recuperación posesoria de las viviendas levantadas en esta zona de costa es firme. La alcaldesa en funciones, Virginia Martí (tomará posesión este sábado en cumplimiento del pacto de gobierno) ha confirmado que el consistorio también ha recibido ya la notificación de Costas y ha anunciado que recurrirán a la vía contencioso-administrativa para revertir una situación que deja al poblado al borde del desahucio. "Vamos a agotar todas las vías posibles para defender los intereses del Ayuntamiento y de los vecinos y vecinas, vamos a recurrir", ha indicado.
Mientras, la Diputación de Castellón exige al Ministerio retomar la vía del diálogo para buscar una solución consensuada que no perjudique a los vecinos. Asimismo, la presidenta de la institución, Marta Barrachina, ha anunciado una moción en el pleno de este mes de enero en defensa de Torre la Sal.
La notificación del rechazo de los recursos que fueron presentados en 2021 supone el fin de la vía administrativa y solo deja a los propietarios de las 99 construcciones de la zona la posibilidad de acudir a la vía judicial para impedir el desahucio. En total, son medio centenar las familias afectadas. El plazo para presentar el recurso contencioso es de dos meses desde la notificación y, tal y como anticipó Juanjo Agost, representante vecinal, se solicitará la paralización del proceso hasta que haya una resolución judicial. Esta es, por el momento, la única posibilidad que ven los afectados para evitar la pérdida de sus viviendas.
Cabe recordar que Costas ha emitido una resolución en la que desestima los 88 recursos de alzada presentados (tres de ellos por haber sido interpuestos fuera de plazo) y reitera que el poblado se levanta sobre una zona de dominio público marítimo-terrestre tras los deslindes aprobados por órdenes ministeriales de 1975 y 1993. Por ello, confirma el procedimiento de recuperación posesoria por ocupación (una especie de expropiación) de este espacio que inició en 2021.
Mientras, la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica que "retome el diálogo y busque soluciones consensuadas que no perjudiquen a las familias de Torre la Sal afectadas". Barrachina ha afirmado que seguirán defendiendo a los castellonenses y el futuro de la costa "frente a la nueva amenaza de derribos en Torre la Sal por parte del Gobierno central".
Además, ha anunciado que la Diputación presentará una moción en el pleno de este mes de enero en defensa de los vecinos afectados de Torre la Sal "para que el Ejecutivo central escuche y atienda a los afectados".
Así lo ha explicado tras conocer que la Dirección General de la Costa y el Mar, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha comenzado a notificar a los propietarios del poblado de Torre la Sal, en Cabanes, la desestimación de los recursos de alzada presentados contra la resolución de Costas de 2021 en la que se acordaba la recuperación posesoria de las viviendas levantadas en esta zona del litoral por estar en dominio público marítimo-terrestre, según ha informado la institución provincial en un comunicado.
Según la Diputación, los propietarios han comenzado a recibir las notificaciones de rechazo por parte del Gobierno de España a sus recursos. La decisión pone fin a la vía administrativa y solo deja a los propietarios de las viviendas la posibilidad de acudir a la vía judicial para impedir el desahucio.
"Es inaceptable que, tras años de incertidumbre, el Gobierno central cierre las puertas al diálogo y obligue a nuestros vecinos a enfrentarse a largos y costosos procesos judiciales para defender lo que legítimamente les pertenece", ha explicado la presidenta de la Diputación. "Exigimos al Ministerio para la Transición Ecológica que retome el diálogo y busque soluciones consensuadas que no perjudiquen a las familias de Torre la Sal afectadas", ha añadido.
"Torre la Sal no es solo un conjunto de viviendas, es parte de nuestra identidad y de nuestra historia, su destrucción sería una pérdida irreparable para Castellón y para las generaciones futura", ha manifestado. Por ello ha anunciado que desde la Diputación continuarán "trabajando incansablemente para defender los intereses de los castellonenses y proteger nuestro patrimonio, utilizando todos los recursos legales y administrativos a nuestro alcance".
Además, la presidenta de la Diputación ha indicado que "esta decisión del Ministerio demuestra una falta de sensibilidad y de respeto hacia las familias que han hecho de Torre la Sal su hogar". "Es hora de que el Gobierno central escuche a Castellón y actúe con responsabilidad",ha insistido.
