CASTELLÓ. La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, y el presidente de la Diputación Provincial, José Martí, coinciden en la necesidad de tender la mano a la Generalitat Valenciana para que forme parte del convenio de cesión de inmuebles. Es más, el acuerdo pasa obligatoriamente por la aceptación del Consell, teniendo en cuenta el ambicioso proyecto entre la institución local y la administración autonómica a propósito del futuro del edificio de Borrull.
En el segundo encuentro entre los dos líderes socialistas, celebrado este lunes en el consistorio, se ha puesto de manifiesto que la alianza deberá pivotar alrededor del bloque que albergaba los antiguos juzgados de la capital de la Plana. La redistribución de dependencias municipales, con el traslado de algunos negociados que en estos momentos se encuentran en la plaza Mayor, condicionará, en gran medida, el uso de otras edificaciones que se han vuelto a abordar. Entre ellas, la vetusta comisaría de la Policía Nacional y la Piscina Provincial.
Precisamente, el préstamo de ambos inmuebles al Ayuntamiento (actualmente propiedad de la Diputación), se dilatará en el tiempo a consecuencia de imprevistos de tipo burocrático. En el caso de la construcción de la Ronda Magdalena, número 92, habrá que regularizar primero el catastro, de baja desde la etapa del Partido Popular. Y esa puesta al día llevará su proceso, sin descartar nuevas sorpresas al respecto, ya que la edificación permanece cerrada y desocupada desde 2010.
Con el complejo deportivo, el cambio de titularidad estará sujeto al actual contrato de adjudicación. Dicho de otra manera, mientras Intur Esport, empresa propietaria del Impala, mantenga la explotación, administrativamente será imposible ejecutar la cesión.
La mercantil se hizo con la gestión de la Piscina Provincial a principios del pasado mes de marzo, cuando ganó el concurso abierto impulsado en noviembre del año anterior. Su oferta económica y técnica, la mejor valorada de las presentadas, le permitió garantizarse una concesión para los próximos tres años (hasta 2022), prorrogables, de forma automática, por otros dos.
Ante esta tesitura, el consistorio y la institución provincial se centrarán en otras prioridades acerca de los inmuebles, pero siempre considerando el edificio de Borrull como buque insignia. De ahí la conveniencia de ampliar el convenio e invitar al Consell para que se incorpore como una pieza esencial, abriendo nuevas vías colaboración para el futuro.
