CASTELLÓ. La promotora Urbanización Golf Sant Gregori tendrá, como se preveía, dos años más para culminar los trabajos de desarrollo del macroproyecto residencial, que a día de hoy apenas se ha ejecutado en un 6%.
El pleno municipal de Borriana ha aprobado este miércoles la prórroga solicitada por la promotora con los votos favorables del PSPV y Compromís y el rechazo en bloque de la oposición (PP, Vox y la concejala no adscrita María Jesús Sanchis). La alcaldesa, Maria Josep Safont, se ha ausentado del debate y la votación al estar investigada por un presunto delito continuado de prevaricación a raíz de la denuncia penal presentada por varios propietarios contrarios al PAI. El otro imputado, el concejal de Urbanismo Bruno Arnandis, sí ha votado a favor de la prórroga, aunque ha evitado participar en el debate.
Ha sido el primer teniente de alcalde, el socialista Vicent Aparici, quien ha dirigido el pleno y ha defendido la postura del ejecutivo municipal. Ha mantenido que la prórroga otorgada “es una práctica habitual” que cuenta “con todos los informes favorables” y ha dado validez a los argumentos que esgrime la empresa urbanizadora para pedir esos dos años extra: “Hay factores meteorológicos, galápagos, restos arqueológicos o el alza en el precio de los materiales de construcción que justifican la prórroga. Este proyecto debe salir adelante por el bien de Borriana y su prosperidad económica”, ha remarcado Aparici.
El primer teniente de alcalde, que justo antes de la votación ha tenido un rifirrafe con un asistente al pleno por interrumpir la sesión, ha recordado que hay “muchos propietarios que están pagando religiosamente sus cuotas de urbanización y nadie se acuerda de ellos” y ha restado trascendencia a la judicialización de este proyecto. “El tiempo más oscuro de este Ayuntamiento fue la época del PP y ahora tenemos que venir aquí a escuchar que estamos ocultando”, ha lamentado.
Previamente, horas antes del pleno, el ejecutivo municipal había difundido una nueva sentencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Castelló que desestima los recursos de reposición que interpusieron diferentes propietarios contra el decreto de Alcaldía que ordenó el cobro de la cuota de urbanización número 3.
El hilo argumental del ocultamiento ha planeado durante toda la intervención del portavoz municipal del PP, Juan Fuster. “No entendemos las prisas de llevar este punto al pleno, nos sorprende que de repente hace 20 días empezáramos a ver correos del imputado Arnandis para llevar este punto al orden del día del pleno de hoy”, ha deslizado, para tachar de “incomprensible” que la alcaldesa “se aparte por estar imputada y usted no”. “¿Están orgullosos de tener más de 400 contenciosos y un procedimiento penal en este asunto?”, ha preguntado.
El portavoz de Vox, Juan Canós, y la concejala no adscrita, María Jesús Sanchis, han coincidido en reprochar al ejecutivo municipal que conceda dos años más de plazo a la promotora sin reclamarle garantías económicas adicionales para cubrir una hipotética paralización del proyecto. Según han asegurado, la promotora posee el 35% de los terrenos pero admite problemas de liquidez para pagar sus cuotas de urbanización.
Con la aprobación de la prórroga de dos años, la empresa promotora logra un importante balón de oxígeno para proseguir con la ejecución del proyecto. Los próximos meses serán vitales para clarificar el futuro de las obras de urbanización, que hasta ahora han avanzado a cuentagotas.