CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Burriana continúa avanzando para llevar a cabo la liquidación con el agente urbanizador de Sant Gregori y, para ello, miembros del equipo de gobierno, junto con técnicos municipales, se han reunido con la administradora concursal de la empresa urbanizadora. Este es un trámite y un obstáculo más por el que tiene que pasar el macroproyecto con el que se pretende urbanizar más de 2,5 millones de metros cuadrados en el litoral del municipio, fruto de la quiebra de la antigua empresa urbanizadora.
Al encuentro han acudido, por primera vez, los abogados expertos en temas mercantiles y en concurso de acreedores contratados por el actual equipo de gobierno para defender los intereses del consistorio mediante la asistencia jurídica en todo el proceso.
El pasado 30 de noviembre, se aprobó en pleno la ejecución de la sentencia del TSJCV, haciendo efectiva la retirada de la condición de agente urbanizador de la promotora Urbanización Golf Sant Gregori y la incautación de las garantías que depositó por el proyecto, por valor de 8,5 millones de euros. Lo que supuso, a efectos prácticos, volver al escenario de 2016 y anular todas las decisiones tomadas por el anterior equipo de gobierno durante los últimos 8 años.
Asimismo, durante este mes de febrero y a través de un pleno extraordinario, se aprobó la inadmisión del recurso interpuesto por la entidad avalista del proyecto PAI Sant Gregori, como sucesora de Bankia, concediendo un nuevo plazo para la reposición de los fondos públicos en favor del Ayuntamiento de Burriana por un total de 8.647.220,34 euros y un importe del recargo de apremio por 864.726,21 euros.
Así, el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal, conformado por el alcalde y los concejales, aprobaron la inadmisión del recurso notificando a la entidad financiera que como acto dictado en ejecución de sentencia no cabe la interposición de recurso alguno. Asimismo, el documento recoge la advertencia que, de no hacer el ingreso en los plazos establecidos, se procederá a exigir las cantidades debidas mediante el proceso ejecutivo previsto en la legislación vigente.
Y, paralelamente a todo este proceso, el consistorio está llevando a cabo una peritación por una empresa externa para conocer el estado exacto de ejecución del PAI, defender los intereses de los propietarios afectados y tener la información precisa con el objetivo de liquidar a la antigua empresa urbanizadora que actualmente se encuentra en concurso de acreedores.
Para ello se ha realizado un contrato para la comprobación y verificación de las obras realmente ejecutadas de la Urbanización Golf Sant Gregori, al norte de la desembocadura del Clot de la Mare de Déu, y que hasta la fecha en la que adquiere firmeza la sentencia del TSJCV, anulando el acuerdo transaccional, se tenía una constancia de porcentaje de obra ejecutada del 7, 8403% de los casi 120 millones de euros del proyecto, que ahora se van a comprobar de forma minuciosa.
Se trata de una situación compleja la de Sant Gregori, tal y como destacan fuentes municipales, puesto que en el informe elaborado para el actual equipo de gobierno por una empresa experta en urbanismo se desaconseja una nueva licencia a un nuevo agente urbanizador debido a los diferentes problemas judiciales que se arrastran durante años y que han provocado el desprestigio mediático generando una mala imagen para la hipotética entrada de futuros inversores.
La solución al proyecto del litoral está lejos de resolverse, puesto que tampoco es una opción factible para el consistorio abandonar el proyecto, ya que supondría centenares de demandas millonarias. Entre las opciones que parecen encajar y que aconsejó dicho informe para el macroproyecto es la opción de una gestión directa por parte del consistorio para desarrollar el PAI, puesto que generaría mayor confianza a los inversores y daría mayor solidez jurídica a Sant Gregori. Este es largo proceso al que se enfrenta el actual equipo de gobierno y que tendrá que plantearse una vez se cuantifiquen las obras y se pueda proceder a la liquidación con la antigua empresa urbanizadora, señalan desde el consistorio.
"Este Ayuntamiento va a luchar hasta el final para que el PAI Sant Gregori no decaiga e hipoteque el futuro de las próximas generaciones. Este proyecto es una gran oportunidad para impulsar el turismo y vamos a hacer todo lo posible por sacarlo adelante, pero siempre con la máxima transparencia, confiando en el criterio de los técnicos municipales y mirando por el interés general de Burriana junto al de los propietarios afectados por una nefasta gestión del PAI", ha valorado el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí.
