CASTELLÓ. La mercantil GRP Cano Lopera tiene a tiro el contrato para gestionar la seguridad y vigilancia de 80 edificios propiedad del Ayuntamiento de Castelló. Tras la baremación de las propuestas con los criterios técnicos de las cuatro concurrentes (Segursystem Europa, Vasbe y Casva son las otras tres), obtiene la máxima puntuación, a falta de sumar la puntuación de las propuestas económicas. La empresa castellonense, fundada en 1964, aventaja al resto de participantes al acreditar un mayor estudio de las dependencias e instalaciones, así como presentar la programación y la gestión del servicio más acordes a las necesidades de la institución municipal, de acuerdo con lo que establece el pliego de conclusiones.
Según el informe de la dirección de Infraestructuras y Medioambiente, tanto el Grupo Lopera como Casva son los dos únicos licitadores que superan el mínimo de 15 puntos para seguir adelante en el concurso público y cuya resolución se prevé para las próximas semanas. No en vano, la vinculación contractual abarca tres trimestres de 2021, como detalla el gasto plurianual, que contempla 65.490,47 euros para el presente curso, y 87.320,27 euros por cada uno de los siguientes tres ejercicios. En 2025 (de enero a marzo) se recoge un desembolso de 21.830,16 euros. Si bien el expediente habla de un periodo de cuatro años, igualmente establece una posible prórroga de 12 meses de duración.
El contrato tiene como principal objetivo la prestación del servicio de instalación, conservación y mantenimiento de los sistemas de seguridad de robo y cámaras. Además, comprende la reposición o reparación de los dispositivos y la revisión y conexión a central receptora de alarmas de los centros dependientes del Ayuntamiento de Castelló.
El ámbito de aplicación engloba los trabajos ordinarios a realizar en edificios y dependencias municipales, incluyendo la formación para el personal encargado de verificar el correcto funcionamiento de las interfaces. Otro cometido corresponde a la supervisión de las grabaciones de las cámaras, reduciendo así la posible comisión de actos delictivos o infracciones de dichos inmuebles. Del mismo modo, se subraya la necesidad de efectuar las correcciones, reparaciones y regulaciones precisas de las instalaciones, a medida que se detecten anomalías durante el programa de mantenimiento preventivo.
Los inmuebles que forman parte del extenso inventario son de distinta naturaleza. Aunque la inmensa mayoría obedece a centros educativos (en total, 34), aparece instalaciones tan emblemáticas para Castelló como la Casa Consistorial de la plaza Mayor, la ermita de la Magdalena, Tetuán XIV o la Basílica del Lledó. Respecto al Ayuntamiento, el contrato recoge las 22 filmadoras exteriores e interiores que existen en la actualidad.
En este sentido, desde el principal partido de la oposición (PP) se ha venido señalando la inoperatividad de algunas de las videocámaras en los últimos meses. Las sucesivas denuncias de sus concejales se han producido en el marco de la comisión que investiga los contratos de suministro y equipamiento de la sala de la Policía Local de Castelló. Así, el pasado 18 de noviembre de 2020, el concejal popular Vicent Sales expresó sus "dudas" en torno a la instalación y funcionamiento de las filmadoras el 30 de septiembre de 2017, cuando ocurrió el asalto a la azotea del edificio del Palacio Municipal. Es más, aseguró que el equipo de gobierno "pagó tres veces por unas videocámaras que nunca funcionaron".