CASTELLÓN. La portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, se ha comprometido a reorganizar la estructura de la Policía Local para que esta sea más efectiva, además de crear un servicio jurídico penal propio para proteger a los agentes, según han informado este miércoles fuentes populares a través de un comunicado. Este compromiso lo ha hecho público tras la reunión mantenida con los representantes de los sindicatos de policía local, Manuel Vidal, de UGT; Vicente Gil, de CC OO; Sergio Porcar, de SPPLB; y Miguel Ángel Guillamón, de CSIF.
Los representantes sindicales han trasladado a Carrasco varias inquietudes que padece en la actualidad la policía local. En estos momentos hay 291 agentes en la ciudad de Castellón y los propios miembros del cuerpo consideran que haría falta ampliar la plantilla con 43 más, según se recoge en el comunicado. Al respecto la portavoz del Grupo Municipal Popular ha señalado que “la seguridad es uno de los pilares básicos del Estado, y uno de los ejes de nuestro programa será reorganizar la plantilla, ver en qué departamentos hay áreas de mejora para garantizar la seguridad de todos los castellonenses. Nuestra apuesta es porque haya más efectivos en la calle”, explica.
Durante la reunión, el colectivo GIP (Grupo de Intervención de Policía Local ha pedido a Carrasco que medie en su reivindicación de una equiparación salarial con el resto de unidades similares de la policía local. Los GIP son especialistas polivalentes, la columna vertebral de la policía, ya que presta servicios junto a Atestados y la sala 092, las 24 horas del año durante los 365 días, cubre los servicios más conflictivos y, sin embargo, “el reconocimiento a su labor se ha ido deteriorando”, han explicado los representantes sindicales a Carrasco, que ha estado acompañada de los concejales Juanjo Pérez Macián y Carlos Feliu.
La plantilla de GIP la componen en la actualidad 56 personas y solicitan poder equipararse salarialmente con el resto de policías que hacen servicios similares. “Nos comprometemos a atender vuestras demandas, a reconocer este servicio tan importante que hacéis por velar por todos los castellonenses, y cuando lleguemos al gobierno municipal vamos a abonaros esas cantidades merecidas. Es una reivindicación más que justa”, ha asegurado la portavoz del Grupo Municipal Popular. Además, Carrasco ha indicado que “estudiaremos la fórmula para que se incremente la plantilla de los GIP y que por lo menos haya 72 policías destinados a este servicio”.
Además, Carrasco se ha comprometido a crear un servicio jurídico penal propio para proteger a los policías locales, que en muchas ocasiones están desprotegidos en el ejercicio de su labor.
Los representantes sindicales de la policía local también se han quejado de la Sala de Emergencias, que ha costado un millón de euros pero que está funcionando con un software anticuado, lo que hace que haya constantes cortes de las comunicaciones y que los agentes se hayan visto obligados a comunicarse a través de WhatsApp como consecuencia de estas deficiencias, según se especifica en la nota remitida a los medios.