CASTELLÓ. El concejal de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Castelló, Fernando Navarro, iniciará este martes con la patronal provincial de la construcción (Apecc) una ronda de contactos con los agentes económicos para implicarlos en una reactivación sostenible de la ciudad. Navarro subraya que las políticas de rehabilitación, eficiencia energética y conservación ambiental pueden convertirse en una palanca para recuperar la economía municipal.
"Estamos trabajando en un paquete de medidas económicas para reactivar la producción en clave ecológica. La crisis de la covid-19 va a tener un impacto social muy grande y necesitaremos la intervención del Ayuntamiento para provocar una recuperación arraigada a medio plazo y sostenible ambientalmente. La rehabilitación urbana, las energías renovables, la protección del territorio, las inversiones de adaptación a las inundaciones y la agricultura pueden jugar un papel económico importante en los próximos meses. Pero en esa transición ecológica necesitaremos que se implican los actores económicos en estos nuevos sectores y por eso los queremos explicar nuestras propuestas y escuchar sus ideas", ha explicado el regidor de Transición Ecológica.
El concejal de Transición Ecológica subraya que el 64% de los edificios de la ciudad fueron construidos antes de 1979 y carecen de las condiciones de accesibilidad y eficiencia que requiere el actual Código de la Edificación. Resalta que el sector de la construcción tiene en la rehabilitación sostenible un nuevo nicho de mercado ante el previsible parón de la obra nueva que se prevé como consecuencia de la emergencia sanitaria.
Afirma que el Pla Castelló en Verde contempla una serie de iniciativas para implicar a empresarios y comunidades de vecinos en la transición urbana. Entre otras medidas, destaca la elaboración de una nueva Ordenanza de Rehabilitación Urbana sostenible; una Ordenanza de Autoconsumo Energético que permita a las comunidades de vecinos gestionar su energía al margen de las grandes distribuidoras: una bonificación del IBI del 90% a los edificios que ejecuten una rehabilitación sostenible durante 10 años o hasta que se cubra el 100% de la inversión, un convenio con entidades para que faciliten préstamos a comunidades de vecino; y la creación de una Oficina de Transición Urbana que simplifique los trámites administrativos.