Imagen de archivo de la fachada de Borrull. Foto: ANTONIO PRADASCASTELLÓ. Aunque agosto suele ser un mes inhábil, el Ayuntamiento de Castelló no baja la persiana por vacaciones. Es cierto que el ritmo burocrático se resiente en este periodo, pero el tripartito tiene muy definida su hoja de ruta acerca de las preferencias programáticas. Dicho de otra manera, los funcionarios saben qué proyectos deben priorizar respecto a otros durante estas semanas.
Es el caso, por ejemplo, de la rehabilitación del edificio de Borrull, propiedad del Consell. Después del anuncio realizado por el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a propósito de la reapertura del inmueble, los arquitectos e ingenieros municipales ultiman la revisión del proyecto para elevar el informe técnico a la Junta de Gobierno Local. Según los plazos que maneja el equipo de gobierno, la aprobación del documento se producirá entre septiembre y octubre.
A partir de ese momento, el proyecto entrará en una nueva fase administrativa. Primero, se remitirá el citado informe a la Conselleria para su validación definitiva. A continuación, y tras la pertinente verificación, se redactará el convenio de cesión del edificio. Después, arrancarán los distintos procesos de licitación. Y, por último, se adjudicarán las obras, siempre con esa previsión de 2022 como año de finalización de la actuación.
El inmueble de la plaza Juez Borrull permanece cerrado al público desde 2007, cuando dejó de prestar servicio como antiguos juzgados al inaugurarse la Ciudad de la Justicia en el bulevar Blasco Ibáñez. Desde entonces, la gestión de la céntrica construcción representaba una pretérita reivindicación de los distintos equipos de gobierno, hasta que en el anterior mandato el bipartito, integrado por el PSPV-PSOE y Compromís, convirtió en tangible la reclamación a través del diseño de un anteproyecto de reforma.
Incluso, a mediados de la legislatura (en concreto, el 10 de noviembre de 2017), el jefe del Ejecutivo valenciano llegó a asegurar, en una visita a la capital de la Plana, que el edificio estaría operativo en el primer trimestre de 2019. Aquel día destacó la importancia de la "mutua" colaboración entre las instituciones implicadas para impulsar la restauración.
El bloque, cuya altura alcanza los seis pisos, con planta baja y un sótano, ocupa derredor de 11.700 metros cuadrados. Dos tercera partes de su espacio se destinarán a dependencias municipales. El resto estará tutelado por servicios sociales de la Generalitat.
