Castelló apurará los dos meses de plazo para acudir al Contencioso-administrativo por el topónimo

CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló apurará los tiempos para interponer el recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Consell de desestimar el requerimiento para derogar el decreto 112/2020, de 4 de septiembre, por el que el Villanueva de Castellón pasa a denominarse Castelló. La asesoría jurídica ultiman la apelación con el propósito de presentarla en unas semanas, a escasos días de concluir el plazo legal, teniendo en cuenta que la Generalitat Valenciana rechazó el exhorto del consistorio de la capital de la Plana el 4 de diciembre, día en que oficializó el dictamen tras una reunión del Botànic.

Desde esa fecha, el Acord de Fadrell dispone de hasta dos meses para acudir a la vía judicial, por lo que antes del 4 de febrero formalizará la reclamación con el fin de evitar cierto desconcierto de reconocimiento "con la nueva denominación del municipio valenciano".

La extensa exposición jurídica se apoyará en varias normativas autonómicas y estatales. Así, se incidirá en el decreto 68/2017, de 2 de junio, del Consell, de regulación de los criterios y procedimiento para el cambio de nombre de los municipios y otras entidades locales, en el que se establece, entre otros, que se imposibilita autorizar la modificación de un apelativo "cuando el propuesto sea idéntico a otro existente o pueda producir confusiones en la identificación de las administraciones públicas (artículo 4.5)".

La singularidad de topónimos compuestos

Del mismo modo, se señalará que "históricamente, en topónimos con una designación compuesta", caso de Castelló de la Plana (normalizado el 22 de marzo de 2019), "la primera parte suele ser la que corresponde al nombre popular, mientras que la segunda suele quedar como un complemento omisible que se explicita en los ámbitos oficiales", según el acuerdo plenario del 29 de octubre de 2020.

Precisamente en esa sesión, en la que el PSPV encontró el amparo de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) para sacar adelante su propuesta en "defensa de los intereses de la ciudad", quedó patente la división interna del Fadrell en este asunto. Compromís votó en contra de elevar el requerimiento al Botànic, mientras que Podem-EUPV se abstuvo. Además, los alegatos de unos y otros alimentaron la polémica. Mientras el representante de la formación valencianista, Francesc Mezquita, aseguró que se iniciaba "una cruzada contra el valenciano", el portavoz de la confluencia, Fernando Navarro, guardó silencio sin hacer uso del turno de la palabra.

La alcaldesa, la socialista Amparo Marco, salió al paso de las insinuaciones de uno de los socios del gobierno y corrigió al edil de Compromís al recordarle que "lo que se trae al pleno es una propuesta de Alcaldía y le puedo asegurar que no es ninguna cruzada contra el valenciano. Yo también soy valenciana parlante", le advirtió.

En el acuerdo plenario, además de requerir al Consell para que revocara el decreto, se autorizaba a la asesoría jurídica para interponer recurso contencioso-administrativo en el supuesto de que la Generalitat desestimara la solicitud del Ayuntamiento de Castelló, como así ha ocurrido.