Castelló delega en la Generalitat la protección de más de 79 millones de m2 de suelo no urbanizable

CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló delega en la Generalitat Valenciana las competencias para cumplir la legalidad urbanística en aquellos suelos clasificados como no urbanizables protegidos y comunes. La adhesión a la Agencia de Protección del Territorio, aprobada este jueves por el pleno, significa que a partir de ahora la Conselleria de Política Territorial se encargará de gestionar los expedientes por sanciones graves o muy graves, tales como ejecutar edificaciones ilegales.

Aunque el término municipal cuenta en la actualidad con alrededor de 17 millones de metros cuadrados de superficie que se ajustan a los parámetros de custodia, el Plan General eleva por encima de los 79 millones de m² el suelo donde estará prohibido construir. En concreto, 53 millones de metros cuadrados corresponderán a suelo no urbanizable protegido y otros 26,5 millones, a común.

Las principales zonas afectadas por este cambio normativo se localizan en la Marjaleria y en las unidades de ejecución de la periferia (Senillar, Els Mestrets, etcétera). Según contempla la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (Lotup), las multas van desde los 3.001 euros hasta el millón y medio de euros. 

Infracciones graves o muy graves

Las infracciones graves o muy graves son solo se refieren a las construcciones irregulares, sino también a parcelaciones sin autorización o al uso del suelo, altura, volumen, situación de las edificaciones y ocupación en exceso del aprovechamiento subjetivo sin haber cumplido las condiciones de gestión urbanística exigibles. La Lotup establece una excepción respecto a la existencia de construcciones en zonas no urbanizables. Como subrayó este jueves el concejal de Urbanismo, José Luis López, las viviendas completamente finalizadas antes del 20 de agosto de 2014 adquieren la condición de "legalizables", por lo que no les afecta la aplicación de la legislación.

Solo en la Marjaleria existen más de 2.400 construcciones, lo que se traduce en una población flotante de 15.000 habitantes. Si bien la práctica totalidad están ubicadas e inventariadas, hay un porcentaje cuya descripción resulta un tanto confusa. La Agencia de Protección del Territorio se ocupará de determinar su licitud, siempre de acuerdo con los criterios que marca la Lotup.

Ante las críticas de la oposición en el pleno, afeando al Fadrell que con la adhesión "deciden lavarse las manos y entregarse a otro chiringuito", López explicó que el Ayuntamiento ha tramitado 600 expedientes urbanísticos en los últimos cinco años, de los que "163 han sido en suelo no urbanizable y la gran mayoría se han solucionado mediante el restablecimiento".

La capital de la Plana no es la primera ciudad de la provincia que se incorpora al organismo autónomo de la Conselleria. Hasta 24 municipios se han sumado este año a una entidad que vio la luz en febrero de 2019 tras la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. En el caso concreto de Castelló, la vigencia del acuerdo se prolongará durante 15 años, con posibilidad de acortar ese periodo o ampliarlo a través de una prórroga en función de los intereses del consistorio.