Castelló frena temporalmente el 90% de desahucios y adjudica tres pisos a familias vulnerables

CASTELLÓ.  La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló frenó temporalmente el 90% de órdenes de desalojo recibidos durante 2020 a través del protocolo municipal antidesahucios y ha adjudicado tres pisos municipales a familias en una situación de extrema vulnerabilidad.

"La situación de la vivienda se sigue agravando por la crisis económica. La Oficina Municipal de Vivienda recibió el pasado año 272 notificaciones de desahucios. Gracias al Protocolo firmado con la Audiencia remitimos después a los juzgados informes de los Servicios Sociales de 245 por vulnerabilidad de sus residentes, que comporta una suspensión del lanzamiento de uno a tres meses mientras se busca una alternativa habitacional o la tramitación de ayudas. El escudo social del Gobierno suspendió durante el Estado de Alarma los desahucios por dificultades económicas. No es suficiente y trabajamos por ampliar la vivienda pública, los alquileres municipales o movilizar la vivienda vacía para garantizar el derecho a la vivienda", explica la concejala de Vivienda, María Jesús Garrido.

El protocolo municipal de vivienda permite aplazar el desahucio un mes en caso de propiedades de particulares y tres meses en entidades jurídicas (ejecuciones hipotecarias). En este tiempo, el servicio conveniado por el Ayuntamiento con el Colegio de Abogados asesora en cuanto a la posibilidad de recepción de ayudas públicas o a las moratorias existentes del Gobierno en cuanto al pago de alquileres de grandes propietarios a fin de garantizar una alternativa habitacional.

Vivienda, en este sentido, facilitó tres viviendas municipales que quedaron liberadas a personas en una situación extrema, y propuso otras 6adjudicaciones de urgencia a la Generalitat Valenciana. "Estamos poniendo todo el esfuerzo para garantizar el acceso constitucional de viviendas y frenar la oleada de desahucios que ahora amenazan a los alquileres por la situación de crisis de la pandemia, a diferencia de la crisis de 2011 cuando los gobiernos del PP dejaron en la estacada a miles de desahuciados”, explica Garrido, que explica que los desahucios en casos de vulnerabilidad se suspendieron durante el Estado de Alarma por parte del Gobierno. Los que se notificaron al Ayuntamiento correspondían a sentencias en firme acordadas antes de entraren vigor las moratorias.