CASTELLÓ. El secretario autonómico de la Conselleria de Vivienda y Función Social, Alejandro Aguilar, y la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló, María Jesús Garrido, han compartido una jornada con la ciudadanía en la que han expuesto la nueva normativa y las acciones para contener los abusos inmobiliarios y reforzar el derecho al acceso a la vivienda. Aguilar ha expuesto el nuevo decreto ley autonómico contra la emergencia residencial que contempla la cesión temporal obligatoria del usufructo de las viviendas declaradas deshabitadas de grandes tenedores. Mientras, Garrido ha subrayado la presión del Ayuntamiento para hacer frente a un fondo buitre en el Raval Universitari.
"Los fondos buitre provocan la expulsión de los vecinos y se ha de reforzar la legislación para evitar sus abusos. Entre otras acciones, se desentienden del mantenimiento de las viviendas y apremian a los vecinos a irse si no aceptan una subida del alquiler del 50%", ha afirmado Garrido, que ha recordado acciones del Ayuntamiento para presionar a un fondo buitre en el Raval, entre otras, el envío de una inspección técnica y la petición al mismo de la subsanación de unos desperfectos detectados. Asimismo, ha resaltado la aprobación en el Pleno de una moción reprobando "las prácticas abusivas de los fondos buitre".
Por su parte, el secretario autonómico ha explicado las medidas aprobadas por la Generalitat para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad en la vivienda y evitar abusos en el ámbito inmobiliario. Ha señalado que potencia las herramientas de la Administración para impulsar soluciones habitacionales en casos de emergencia, y el fomento de sistemas de intermediación para evitar la pérdida de vivienda.
También ha destacado la creación de un registro de grandes tenedores y la obligación de la cesión temporal de las viviendas que lleven más de un año sin ocupar, así como una expropiación forzosa de las viviendas de protección pública de grandes propietarios que lleven más de un año vacías. Por último ha expuesto el refuerzo de la colaboración entre Generalitat y Ayuntamientos y la creación de un registro de promotores sociales.
