Castelló pagará toda la reforma de Borrull y tendrá a su disposición dos tercios del edificio

CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló correrá finalmente con todos los gastos de la obra de remodelación de los antiguos juzgados de la plaza Juez Borrull. Así al menos lo afirman desde la Generalitat valenciana, cuyo delegado de Presidencia en la provincia, Adolf Sanmartín, ha dado detalles del convenio que servirá para materializar los trabajos. 

En la presentación de los Presupuestos de la Generalitat valenciana en Castellón por parte del conseller de Hacienda, Vicent Soler, y a preguntas por la ausencia de las obras de Borrull en ellos, el conseller ha señalado que se está avanzando en "el permiso de edificabilidad" una vez que el consistorio castellonense ya ha aprobado el proyecto. Ahora, resta que el pleno del Consell apruebe el proyecto para a continuación firmar el convenio que defina las obras.

Así, las últimas previsiones marcan que este convenio se pueda suscribir "en 2020" tras la respectiva aprobación por parte de la junta de gobierno del Ayuntamiento y del pleno del Consell, para que posteriormente el consistorio "pueda sacar a concurso las obras", ha señalado Sanmartín para añadir detalles al proyecto. Esto sumaría un nuevo retraso a la obra que ha de servir para dar una nueva vida al emblemático edificio castellonense, que albergará dependencias de servicios sociales y que se preveía pudiera comenzar a funcionar en 2022, algo que será difícil ya que el plazo de las obras es de 22 meses. 

El Consell cede el suelo, valorado en 6 millones

De esta manera, será el consistorio castellonense el que abone "totalmente" la obra, valorada en 16,8 millones de euros, ha señalado el delegado del Consell. Esto va en contra de lo que pretendía el equipo de gobierno municipal, aunque, en contraprestación, el Gobierno autonómico cederá el inmueble, que tras las obras estará valorado "en más de 6 millones de euros", ha concretado Sanmartín. 

Asimismo, en cuanto al uso de las instalaciones, la Conselleria de Bienestar Social tendrá a su disposición "el 33% del edificio", mientras el Ayuntamiento capitalino dispondrá del resto de las instalaciones, siempre según el delegado del Consell en la provincia.