CASTELLÓ. La pelota (del Plan General) vuelve a estar en el tejado de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. La documentación adicional requerida al Ayuntamiento de Castelló para aprobar la evaluación ambiental de la parte estructural ya se encuentra en poder de los distintos departamentos técnicos desde este jueves.
Solucionado y consensuado con las administraciones implicadas el plan de inundabilidad, pieza del expediente que impedía avanzar con la declaración, el portavoz del Acord de Fadrell, Rafa Simó, reclama "sensibilidad" a los funcionarios para "acelerar todos los trámites" y disponer del informe ambiental "cuanto antes".
"Estamos en un momento de tramitación técnica y no política", advierte Simó para insistir en que "pedimos a las diferentes Consellerias y técnicos la sensibilidad necesaria con Castelló, teniendo en cuenta las circunstancias urbanísticas que tenemos".
En concreto, se refiere a la ausencia de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), anulado en 2008, lo que obliga desde entonces a encomendarse a unas normas transitorias urbanística de urgencia, cuyas restricciones respecto a cambios de calificación de suelo, por ejemplo, "limitan el poder de atracción de inversiones en una capital de provincia que afecta a más ciudadanía de la que vive", precisa el portavoz del ejecutivo, en alusión a la periferia.
Ante el esfuerzo por entregar la documentación complementaria en el menor tiempo posible, Simó exige la misma presteza a los funcionarios de Medio Ambiente."Que todo el mundo que tenga un papel delante del Plan General se dé cuenta que no tiene un papel mojado, sino que es el presente y futuro de una ciudad como la de Castelló", subraya.
El interminable proceso administrativo para avalar el Plan General (PG) no se acabará con la declaración ambiental. A partir de ese momento, habrá que realizar las correspondientes modificaciones tanto en la parte estructural como en la pormenorizada. A continuación, se efectuará una nueva exposición pública, abriéndose un periodo para recoger alegaciones. Una vez resultas e incorporadas al expediente, entonces se remitirá a la Conselleria de Urbanismo para la verificación definitiva. Por si no fuera suficiente, cada uno de los trámites conllevará la celebración de un pleno.
A pesar del farragoso camino hasta tener el PG, Simó suscribe las palabras del titular de Obras Públicas, Arcadi España, a propósito de los plazos: finales de 2020 o principios del próximo, pero "en ninguno de los casos después de abril de 2021", mes en que acabará la nueva prórroga de las normas transitorias.