Firma del Acord de Fadrell el pasado 25 de junio. Foto: CTCASTELLÓ. El Acord de Fadrell, con sus 248 puntos, es algo más que una declaración de intenciones del tripartito. No se trata solo del documento que marca la hoja de ruta acerca de la gestión municipal durante los próximos cuatro años. También representa un símbolo de cambio y transformación como modelo de ciudad. El PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem-CSeM-EUPV sintetizan el espíritu de modernidad a través de cinco grandes áreas, pensando siempre en las personas, la sostenibilidad, la prosperidad, la educación y los derechos.
Todos los compromisos son importantes, pero algunos adquieren especial relevancia. Dicho de otra forma, se consideran como prioritarios. Son los que se cumplirán de manera más inmediata y en los que de alguna manera el equipo de gobierno ya está trabajando. Al menos, sabe cómo plantear la estrategia para su consumación a corto plazo, esto es, antes de alcanzar el ecuador del mandato.
Por ejemplo, es el caso del punto número 85, que hace referencia "a hacer efectivo el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las propiedades de la Iglesia con finalidades lucrativas". Cumplir este apartado del Acord de Fadrell resulta imperativo. Y así se le trasladará a los funcionarios municipales encargados de realizar el inventario de los 39 inmuebles religiosos con un usufructo diferente al culto.
En este sentido, el Pacte del Grau abrió el camino al solicitar la revisión de los usos de los bienes de la diócesis de Segorbe-Castellón. El Consejo Municipal de Inspección asumió el estudio.
Sea como fuere, no hay una fecha concreta sobre la finalización del informe técnico, pero tendrá un carácter preferente a lo largo de los próximos meses, al igual que otras cuestiones en las que el equipo de gobierno está decidido a avanzar. Algunas relacionadas con infraestructuras, otras con espacios verdes y, en menor medida, con dinamización comercial.
Los tres pilares del equipo de gobierno coinciden en que cobrar el IBI a la iglesia obedece a una cuestión de ecuanimidad. Además, otras ciudades con ayuntamientos progresistas vienen aplicando la medida desde hace tiempo, como València, que abandera la objetividad fiscal desde septiembre de 2018, cuando acordó en el pleno exigir a Les Cortes y al Gobierno de Madrid una reforma de la ley de mecenazgo.
Tampoco se escapa que la decisión, además de esa neutralidad en relación al sector privado, busca aumentar los ingresos por tributos. Para el tripartito esa mejora recaudatoria permitirá impulsar políticas sociales, otro de los compromisos del Acord de Fadrell para la presente legislatura.
