CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló ingresará este año 57,4 millones en concepto de IBI Urbano, una cifra que desciende en 3,37 millones de euros con respecto al año 2014, el último año completo de gobierno popular. Se trata de un descenso en la recaudación por este concepto del 5,5% en este periodo tras las consecutivas rebajas de los gravámenes del IBI y de los valores catastrales. La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, destaca que estos datos “son un ejemplo de la apuesta del gobierno municipal en favor de una fiscalidad más justa y sensible con la realidad económica de las familias”.
Marco ha señalado que esta reducción en el IBI Urbano llega tras tres rebajas de los valores catastrales solicitados por el Ayuntamiento de Castelló a la Gerencia Territorial del Catastro y que ha implicado un descenso acumulado del 18% de los valores catastrales de los inmuebles urbanos desde 2017. La primera de estas revisiones se solicitó en 2017, una vez pasados los cinco años que exige la legislación dese que se realizó la última ponencia de valores (en 2012) y las la solicitud previa municipal.
Las revisiones catastrales suponen una modificación de la valoración del inmueble, que es la base sobre la que se aplica el gravamen fijado por cada ayuntamiento para el pago del IBI. En este sentido, la alcaldesa ha recordado que también se han realizado reducciones. “En 2014 el gravamen era del 0,85 y ahora es del 0,69”, ha indicado.
Unas reducciones que implican que este año 2022 se ingresarán, tal y como recogen los presupuestos municipales, un total de 57,4 millones de euros frente a los 60,7 millones recogidos en el presupuesto del año 2014. En total, por impuestos directos, el Ayuntamiento prevé ingresar este año 93,72 millones, lo que supone también un 2% menos que el año anterior. “Encaramos un nuevo ejercicio con la economía municipal saneada que nos permite afrontar los retos de la gestión municipal y continuar generando oportunidades y bienestar para la ciudadanía”, ha manifestado la alcaldesa.
El concejal de Hacienda, David Donate, ha explicado que el gobierno municipal “está introduciendo criterios para una fiscalidad más social, basada en la progresividad y la proporcionalidad”. “Una vez más, nos hemos puesto en la piel de las familias, como venimos haciendo desde 2015, pero sobre todo ahora, con la pandemia, actuando de manera urgente y decidida para minimizar el impacto económico de la emergencia sanitaria sobre las familias y el tejido empresarial local”, ha manifestado. Donate ha puesto en valor el esfuerzo realizado para que la fiscalidad “sea un instrumento que ayude a la reactivación económica y garantice una salida justa, social y solidaria”.
Así, por ejemplo, las reducciones realizadas sobre el IBI Urbano supone que, por una vivienda con valor catastral de 100.000 euros se haya pasado de pagar 800 euros a los 690 actuales.
