CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló suma más de 432.000 euros de indemnizaciones por la covid-19. En concreto, a raíz del primer estado de alarma decretado por el Gobierno de España el 14 de marzo de 2020 y que provocó la suspensión de las contratas y concesionarias. La interrupción de los servicios no esenciales se prolongó durante varios meses, incluso hasta julio, dependiendo de los casos.
Algunas de las prestaciones que se vieron afectadas correspondieron al transporte público, la monitorización de las tascas o el mantenimiento de las zonas de juegos. Este jueves la Junta de Gobierno Local aprobó compensar a cuatro de las mercantiles por un importe total de 32.455,88 euros, una cantidad que se añade a los 400.000 euros pagados entre diciembre del pasado año y febrero del actual (390.528,62 euros a Autos Transportes Colectivos Castellonenses SA y 6.668 euros a Acusttel).
Las cuantías autorizadas ahora varían entre los 900 y los 15.000 euros. Los conceptos también son diversos. Así, a Maquiver y Vehículos y Recambios le corresponden 6.289,22 euros por la conservación de los parques infantiles y 5.889,76 euros por el contrato de reparto y suministro de vallas y señales portátiles. A Vivers Centre Verd se le abona 921,23 euros por la suspensión de la recogida de troncos de palmeras. La cifra se incrementa ostensiblemente si se trata de la inspección periódica de instalaciones eléctricas en edificios municipales, a cargo de Telecso y a la que se compensa económicamente con 3.459,30 euros. La indemnización más elevada está relacionada con la instalación y retirada de escenarios. La adjudicataria del expediente, Jujosa, recibe 15.895,77 euros por la paralización del servicio entre el 14 de marzo y el 9 de julio.
Todas las mercantiles presentaron en tiempo y forma distintas reclamaciones en virtud de lo estipulado en el decreto 463 con medidas extraordinarias a aplicar a partir de la declaración del estado de alarma. En este sentido, se especifica, en uno de los puntos, que "cuando [...] la ejecución de un contrato público quedara en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este durante el periodo de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista".
"Estas indemnizaciones no suponen una pérdida para el Ayuntamiento, porque hablamos de unos servicios que no se prestaron, con lo que tampoco se gastó el dinero consignado en el presupuesto", asegura el portavoz del gobierno municipal, José Luis López. El concejal socialista augura que habrá nuevos expedientes de características simulares en las próximas semanas. Uno de ellos, por ejemplo, obedecerá a las mediciones acústicas en la zona de Lagasca, que se aplazaron después de las Navidades por el cierre de la hostelería tras dispararse la incidencia de casos de coronavirus y fallecimientos en plena tercera ola.
En la Junta de Gobierno celebrada este jueves igualmente se dio luz verde al nuevo programa temporal de Servicios Sociales con la contratación de 19 interinos a partir del 11 de abril. Se trata de 12 trabajadores sociales, cinco educadores y dos mediadores interculturales, uno de ellos con conocimiento de la lengua árabe. Los contratos tienen una duración de tres años, con una prórroga de otro. El gasto por anualidad asciende a 942.462,87 euros, siendo la cantidad ligeramente inferior para 2021 al haber transcurrido unos meses (722.554,86 euros).
El pasado 24 de marzo los sindicatos CCOO y CSIF denunciaron que de los 14 profesionales que actualmente componen la plantilla del área en cuestión, 11 no seguirán al finalizar su relación laboral. El Ayuntamiento explicó que esos contratos estaban contemplados dentro de un anterior programa temporal, sin posibilidad de renovación al cumplirse el periodo legal establecido.