MADRID (EFECOM). La cadena agroalimentaria en su conjunto ha pedido al Gobierno que dé marcha atrás en su intención de subir el IVA a los refrescos por el impacto económico en el sector de la medida y por la falta de resultados que estas medidas han tenido en otros países en la lucha contra la obesidad.

En un acto convocado este martes por las grandes patronales de todo el sector (agricultores, industria, supermercados y hostelería), se ha dado a conocer un informe elaborado por la consultora PwC que prevé una caída en facturación de entre 119 y 370 millones de euros al año al elevar el IVA del 10 al 21 % en los refrescos.

En términos de empleo, la decisión del Ejecutivo supondría la destrucción de entre 2.000 y 6.000 puestos de trabajo, de acuerdo con estos mismos cálculos, que apuntan a que el impacto se notaría sobre todo en la industria alimentaria y el sector agrario, más que en la distribución y la restauración.

La autora del estudio, Anna Merino, ha señalado que "no existe evidencia empírica" de que las políticas fiscales sean útiles para reducir el sobrepeso y la obesidad y ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para que haya cambios en los hábitos de los consumidores el aumento de precio debe ser superior al 20 %.

"Es un impuesto regresivo, ya que afecta en mayor medida a los hogares con un nivel socioeconómico más bajo", ha señalado el director general de la patronal Aecoc, José María Bonmatí, mientras que su homólogo en la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo, ha hecho un llamamiento al Ejecutivo que sean "sensibles" ante la difícil situación económica provocada por la pandemia.

El presidente de la organización agraria Asaja, Pedro Barato, ha indicado que la medida busca "sanear las cuentas a base de impuestos, no sanear la salud".