VALÈNCIA. (EFE) La subsecretaria de la Conselleria de Sanidad, Mónica Almiñana, se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas de Ribera Salud durante su comparecencia este jueves en el juzgado tras una querella interpuesta por el grupo hospitalario por un supuesto delito de prevaricación administrativa.

Fuentes de Ribera Salud han informado a EFE de que se ha tratado de un acto de "puro trámite" en el que Almiñana se ha acogido "a su derecho a no contestar" a las preguntas de Ribera Salud, y que el caso "continúa abierto", mientras que desde la Conselleria de Sanidad no han querido hacer declaraciones al respecto.

Ribera Salud interpuso la querella en el juzgado de Instrucción número 5 de Valencia porque Almiñana dictó una Resolución ampliando el plazo para presentar ofertas en un concurso se servicios informáticos del Hospital de La Ribera dos días después de haber vencido el plazo inicial, y volvió a ampliar el plazo varios días después, esta vez sin publicar ninguna resolución.

El juzgado, en un auto fechado el pasado 6 de noviembre, admitió a trámite la querella y citó a declarar este jueves a la también exsenadora del PSC y exgerente del Hospital La Fe de València, que fue nombrada subsecretaria de Sanidad por el pleno del Consell del pasado 4 de septiembre.

Al mismo tiempo, Ribera Salud y Alfatec presentaron sendos recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) -órgano adscrito al Ministerio de Hacienda- contra las ampliaciones de plazo.

En su querella, Ribera Salud expone que "la querellada ha dictado una resolución ampliando el plazo para presentar ofertas por parte de los interesados en una licitación pública, dos días después de haber vencido dicho plazo".

La querellante recuerda que, según el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo, "en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido".

Según Ribera Salud, "esta actuación, además de ser contraria al ordenamiento jurídico, que no permite ampliar un plazo ya vencido, supone una clara conculcación de los más básicos principios que deben regir en materia de contratación pública".

Uno de estos principios es "el de igualdad de trato y no discriminación de los licitadores que concurren en el procedimiento, contraviniendo de manera injustificada los derechos de los licitadores en detrimento de los beneficios de otros".

El pasado 7 de septiembre se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio de licitación del contrato convocado por la Dirección Gerencia del Departamento de Salud de la Ribera de la Conselleria de Sanidad.

Conforme al anuncio de licitación, la fecha límite establecida para la presentación de las ofertas era el 6 de octubre de 2020 a las 15 horas.

Sin embargo, Ribera Salud denunció que "de manera sorprendente y absolutamente injustificada, en fecha 8 de octubre de 2020, una vez finalizado el plazo para la presentación de ofertas, se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público la Resolución de la Subsecretaria de la Consellería de Sanidad de la misma fecha por la que se resolvía conceder un nuevo plazo para la presentación de las ofertas".

Y días después se volvió a ampliar sin ninguna explicación por parte de la Conselleria, aseguró el grupo hospitalario.

Según la empresa querellante, la actuación de Almiñana "reúne todos los requisitos de la figura de la prevaricación administrativa: una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo; que sea contraria al Derecho, es decir, ilegal"