CASTELLÓ. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha advertido de que miles de agricultores de la Comunitat Valenciana podrían quedar excluidos de las ayudas aprobadas por el Ministerio de Agricultura para compensar el encarecimiento de los fertilizantes derivado de la guerra en Oriente Medio debido, según denuncia la organización, a las trabas burocráticas y digitales exigidas para solicitarlas.
La entidad agraria, presidida por Cristóbal Aguado, critica que, a diferencia de las ayudas habilitadas durante la guerra de Ucrania —que se concedieron de oficio—, el Gobierno haya optado ahora por un procedimiento más complejo que obligará a agricultores y ganaderos a presentar telemáticamente una declaración responsable. Para ello deberán disponer de firma digital, completar los trámites informáticos y acreditar ingresos agrarios mínimos de 5.000 euros en la declaración de la renta de 2024, además de conservar durante cuatro años las facturas de compra de fertilizantes.
AVA-ASAJA también cuestiona los plazos establecidos, ya que el Ministerio dispondrá de hasta cuatro meses para publicar el listado de beneficiarios en la web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), mientras que los agricultores solo contarán con 15 días hábiles para tramitar la declaración responsable imprescindible para cobrar la ayuda.
Aguado sostiene que este sistema dificultará especialmente el acceso a pequeños productores y agricultores de mayor edad. “Si el Gobierno quiere ayudar de verdad al campo, debería hacerlo de oficio y sin trámites complejos. De lo contrario, estará excluyendo a quienes más dificultades tienen para realizar gestiones digitales”, afirma.
Ayudas consideradas insuficientes
El Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, contempla ayudas de 55 euros por hectárea en regadío y 22 euros por hectárea en secano, con un límite máximo de 300 hectáreas por beneficiario y un mínimo de 100 euros. Para AVA-Asaja, la cuantía resulta insuficiente en relación con las exigencias administrativas requeridas. “Se pide demasiada burocracia para una ayuda muy reducida”, resume Aguado.
La organización recuerda además que la edad media de la población agraria valenciana ronda los 65 años —con numerosos profesionales que superan los 80—, lo que dificulta la realización de trámites digitales. En este sentido, denuncia que la implantación de nuevas obligaciones telemáticas, como el cuaderno digital de explotación o el registro electrónico de tratamientos fitosanitarios, no ha ido acompañada de programas formativos ni de oficinas públicas gratuitas de apoyo.
A ello se suman, según la entidad, los problemas de conectividad existentes en diversas zonas rurales, donde la falta de cobertura de internet impide realizar gestiones administrativas desde las propias explotaciones o municipios del interior.
AVA-ASAJA alerta de que el aumento de los costes de producción, especialmente de fertilizantes nitrogenados y gasóleo agrícola, ya ha generado más de 15 millones de euros en sobrecostes para la agricultura valenciana en las primeras semanas del conflicto. Por este motivo, considera “injustificable” que el acceso a las ayudas no sea ágil y directo y reclama al Ministerio que rectifique el sistema y adopte un modelo de concesión automática similar al aplicado tras la guerra de Ucrania.
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