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El precio del gasóleo pasa factura a los pequeños pozos de riego: hasta un 50% más de costes energéticos

Las comunidades de regantes que han apostado ya por las renovables o que tienen contratos de suministro eléctrico pactados han notado menos la subida energética pero no se libran del repunte de los fertilizantes

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CASTELLÓ. El encarecimiento de la energía mantiene en alerta al sector agrario en su conjunto y así lo han puesto de manifiesto las comunidades de regantes en el reciente congreso organizado por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, celebrado esta semana en Ciudad Real, donde el sector ha alertado de que la escalada de costes, especialmente en energía y fertilizantes, compromete la viabilidad de muchas explotaciones y puede acabar trasladándose tanto a la producción como al precio final de los alimentos.

Los regantes están sufriendo el impacto de la crisis energética aunque no todos en la misma medida. Aquellas comunidades con infraestructuras modernizadas, mayor capacidad de inversión y contratos eléctricos estables han logrado amortiguar el golpe. Sin embargo, los sistemas de riego más antiguos, especialmente los que aún dependen del gasóleo, afrontan un escenario mucho más difícil.

Así lo ha señalado el presidente de la Comunidad de Regantes de Vila-real, Pascual Broch, quien ha participado en el congreso nacional y ha puesto el foco en los pequeños pozos de riego con infraestructuras más antiguas, que ahora se han visto más expuestos a la volatilidad energética. En estos casos, el incremento del precio del gasóleo ha disparado los costes hasta en un 50%, afectando directamente a la rentabilidad de las explotaciones, especialmente en zonas de secano o en áreas del interior de la provincia de Castellón donde este tipo de sistemas aún son habituales.

Por el contrario, la situación es más contenida en las grandes comunidades de regantes, donde más del 90% cuenta con suministro eléctrico y fórmulas de contratación que permiten estabilizar los costes. Entre ellas se encuentran aquellas que han apostado por energías renovables o que disponen de contratos a dos años. Además la entrada en vigor de la doble potencia eléctrica para el regadío en España, a principios de 2026, permite a las comunidades de regantes contratar dos potencias diferenciadas a lo largo del año y adaptarlas así a la demanda de riego en cada momento del año, para evitar pagar el máximo por la energía. 

En algunos casos, como el de Vila-real, el coste eléctrico se sitúa actualmente en torno a los nueve céntimos por kilovatio hora, lo que reduce notablemente el impacto de las oscilaciones del mercado energético, tal y como explica Broch. 

En este contexto, el propio congreso puso el acento en la necesidad de acelerar la transición hacia energías renovables como vía para garantizar la sostenibilidad del regadío. En la provincia de Castellón, este proceso ya está en marcha con varios proyectos impulsados por comunidades de regantes. Es el caso de Vila-real, donde la entidad que preside Pascual Broch está ultimando un proceso de digitalización y ha iniciado una transformación integral basada en la energía solar, con una inversión de dos millones de euros financiada por la Generalitat para abastecer con fotovoltaica los tres cabezales principales de riego. Esta apuesta no solo permitirá reducir costes energéticos, sino también mejorar la gestión agronómica —facilitando el paso del riego nocturno al diurno— y optimizar el control de las infraestructuras. A ello se suma su participación en un proyecto piloto de agrovoltaica en cítricos.

Proyecto piloto de agrovoltaica en Vila-real. 

En la misma línea, comunidades como Moncofa ya han desarrollado soluciones innovadoras, como plantas solares flotantes en balsas de riego, mientras que en la Vall d'Uixó, el Ministerio de Agricultura también ha llevado a cabo un proyecto pionero de 4,57 millones de euros para maximizar el uso de agua residual para el riego y reducir costes energéticos a través de la instalación de dos plantas fotovoltaicas. También la Comunidad de Regantes del Pantano de María Cristina tramita una actuación de mayor envergadura, valorada en más de 8,5 millones de euros, para implantar un sistema de bombeo alimentado con energía fotovoltaica. En conjunto, iniciativas que evidencian cómo el sector busca reducir su dependencia de un mercado energético volátil, contener costes y avanzar hacia un modelo más competitivo y sostenible.

Sobrecostes del 30% en fertilización 

No obstante, esta mayor resiliencia frente a la electricidad no evita otro de los grandes problemas que afronta el sector: el encarecimiento de los fertilizantes. Se trata de un fenómeno generalizado que está afectando a todos los productores agrarios.

El bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde, según datos del Ministerio de Agricultura, transitan el el 49% de la urea y el 30% del amoniaco —ingredientes básicos para la fabricación de fertilizantes— ha disparado los precios desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. Esta situación ya está provocando dificultades en el suministro de fertilizantes nitrogenados, especialmente urea, coincidiendo además con el periodo de mayor demanda para el abonado de los cultivos.

Como consecuencia, los agricultores están asumiendo sobrecostes que rondan el 30% en fertilización, un incremento significativo que reduce márgenes y dificulta la planificación de la campaña. A corto plazo, el sector confía en que el impacto sea menor en los fertilizantes potásico —cuyo suministro procede en mayor medida de otras regiones como África—, aunque la incertidumbre sigue siendo elevada, tal y como explica el presidente de la Comunidad de Regantes de Vila-real. 

Ante este escenario, las comunidades de regantes de todo el país han reclamado medidas urgentes que permitan mitigar el impacto de los costes energéticos y garantizar la sostenibilidad económica de la actividad agraria. La advertencia es clara: si no se actúa, podría derivar en una menor producción agrícola, con efectos directos tanto en el abastecimiento como en la evolución de los precios de los alimentos.

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