CASTELLÓ. El sector de la pesca de arrastre de la provincia de Castellón vuelve a estar en la cuerda floja por la amenaza de nuevos recortes impuestos por la Unión Europea en los días permitidos para faenar. Los ministros de Pesca de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para acordar las posibilidades de pesca de 2026, una negociación decisiva para la flota de arrastre española y, de forma muy directa, para un sector que en Castellón sigue perdiendo barcos, rentabilidad y capacidad de supervivencia. La propuesta de la Comisión Europea —calificada por el Gobierno como “inaceptable” y por el sector como “el golpe final”— plantea un recorte drástico de los días de actividad que, de aprobarse, abocaría a la práctica paralización de una actividad tradicional y estratégica para el litoral castellonense.

La Comisión Europea propone limitar la actividad a 9,7 días de pesca al año por buque en 2026, una reducción del 65% respecto a la base fijada para 2025, que ya se situaba en solo 27 días antes de aplicar medidas compensatorias. “Una propuesta de otro planeta”, la ha calificado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a su llegada a Bruselas. Planas insiste en que España “peleará” para que la flota del Mediterráneo disponga de más días en 2026 que este año, y exige que se reconozca “el mayor esfuerzo de conservación realizado en la historia de la política pesquera común”.

En 2025, gracias a ajustes técnicos y negociaciones directas con Bruselas, España alcanzó los 130 días de esfuerzo pesquero para la flota mediterránea, cifra ampliada el pasado mes con 13 días excepcionales adicionales ante la falta de margen para mantener la actividad económica mínima en el sector, que cuenta con alrededor de 557 buques en todo el Mediterráneo. 

La propuesta para 2026, sin embargo, modifica el sistema de compensaciones: según informaciones publicadas por Efe, para alcanzar unas 100 jornadas sería necesario aplicar todas las medidas contempladas por la Comisión —algunas materialmente imposibles, otras dependientes de terceros y varias ya implantadas durante 2025—. Según fuentes diplomáticas recogidas por Efe, esto supone un nuevo planteamiento “malísimo” e “inaceptable”, que ignora las mejoras objetivas detectadas en algunas especies, como la merluza.

Un sector al límite

Entre las exigencias técnicas que más preocupan al sector pesquero castellonense está la instalación obligatoria de puertas voladoras, cuyo coste ronda los 60.000 euros por embarcación. Una inversión inasumible para la mayoría de armadores pequeños, según advierten desde la Federación de Cofradías de la Provincia de Castellón. De hecho, del total de más de 550 embarcaciones de arrastre del Mediterráneo, sólo unas 200 cuentan con este sistema de puertas y, en la provincia de Castellón, apenas una docena de los más de 50 barcos han podido asumir esta inversión. Además, preocupa la posibilidad de nuevos cierres de zonas y caladeros, que reducirían aún más el radio de trabajo de una flota ya muy restringida.

En Castellón, donde operan cinco cofradías y alrededor de 50 barcos de arrastre —61 registrados en 2024, según la Generalitat, pero en 2025 la flota se ha reducido—, las medidas supondrían un golpe definitivo. La pérdida de flota en el último año confirma la fragilidad de un sector cuya viabilidad económica depende directamente de mantener un mínimo de días de trabajo.

El secretario de la Federación de Cofradías de Pesca de Castellón, Luis García, reconoce que la reunión de Bruselas se afronta sin optimismo, pese a las mejoras evidenciadas en varias especies del Mediterráneo. “Con los informes técnicos en la mano, la situación de las especies ha mejorado y debería plantearse incluso aumentar los días de pesca el próximo año”, advierte. Sin embargo, el sector teme que no solo habrá menos jornadas de actividad, sino que las condiciones se endurecerán, dificultando aún más alcanzar los mínimos necesarios para que cada embarcación resulte viable.

García pone como ejemplo la merluza, una de las especies clave del Mediterráneo cuya recuperación está documentada en las evaluaciones científicas recientes. Ahora, señala, la Comisión centra el debate en la cigala, una especie que en la Comunitat Valenciana apenas representa el 0,4% de las capturas y cuyo peso biológico no justifica medidas tan restrictivas.

El eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, ha recordado que “el 75% de la flota está formada por pescadores de pequeña escala” y ha advertido de que “no podemos seguir pidiéndoles sacrificios sin garantizarles un futuro”. A su juicio, la responsabilidad de España no se limita a defender cuotas en Bruselas, sino también a distribuirlas después “con mayor justicia”. El sistema actual de reparto, afirma, “es absolutamente injusto y menosprecia a los pequeños pescadores”.

“Defender al sector —ha añadido— implica tener una visión a largo plazo, proteger a quienes viven del mar y asegurar que la transición hacia una pesca sostenible no deje a nadie atrás. No solo hablamos de días, sino de estabilidad, de condiciones, de seguridad y de futuro”.

Los sindicatos alertan: “Es una paralización forzosa”

CCOO y UGT, a través de sus secciones del Sector del Mar, han denunciado que la propuesta de Bruselas supone una “paralización forzosa y definitiva” de la flota de arrastre. Consideran que limitar la actividad a menos de diez días anuales viola el principio de viabilidad socioeconómica que debe regir la Política Pesquera Común y dejaría sin sustento a miles de familias en las costas mediterráneas.

Los sindicatos subrayan que la propuesta contradice las propias estrategias europeas sobre relevo generacional y sostenibilidad: “Esto no es garantizar el futuro del pescador del mañana, es sentenciar el presente”. Recuerdan, además, que el sector ya ha aplicado medidas de conservación drásticas, desde la reducción progresiva del esfuerzo hasta la incorporación de nuevas redes y técnicas más sostenibles, y reclaman que se reconozca este sacrificio.

Está previsto que la negociación en Bruselas se prolongue hasta este viernes —e incluso podría alargarse al sábado—, con España, Francia e Italia intentando defender una posición común frente a una propuesta que los tres países consideran desproporcionada y alejada de la realidad del Mediterráneo occidental.

En Castellón, la expectativa es contenida. Con una flota menguante, costes crecientes y márgenes de actividad cada vez más estrechos, el sector teme que un nuevo recorte de días pueda precipitar un punto de no retorno. “Las decisiones europeas deben basarse en la evidencia científica y en la supervivencia de un sector tradicional, no en escenarios imposibles de cumplir”, insisten.

Si Bruselas mantiene su planteamiento, la pesca castellonense, ya en la cuerda floja, podría verse abocada a un futuro inviable. Un escenario que el sector, los sindicatos y el propio Gobierno advierten que sería irreversible.