CASTELLÓ. El real decreto de prórroga de las ayudas al gasóleo agrícola y pesquero aprobado por el Consejo de Ministros para intentar paliar la sangría que el encarecimiento de los combustibles está suponiendo para el sector primario ha sabido a poco entre los agricultores y pescadores de Castellón. Insuficiente es la valoración compartida por ambos sectores, que ya no descartan movilizaciones para hacer oír sus reivindicaciones.
En el caso del sector agrario, las dos principales organizaciones valencianas comparten el diagnóstico sobre la medida aprobada por el Gobierno central, que prorroga el real decreto de marzo para mantener la ayuda al gasóleo agrícola en 20 céntimos por litro. Desde AVA-Asaja, lamentan que esta reducción ya no cubría hace seis meses el encarecimiento de combustible a raíz del conflicto en Oriente Medio, por lo que, ahora con el gasóleo en plena escalada y en niveles altísimos, se trata de una medida "sencillamente insuficiente". Esta organización exige una respuesta a mayor escala para la crisis de sobrecostes que sufre el campo y reclama una mayor implicación de las instituciones europeas para adoptar medidas más contundentes.
Desde la Unió, su secretario general, Carles Peris, también califica como "totalmente insuficiente" la prórroga de la ayuda de 20 céntimos por litro en octubre, 13 en noviembre y 6 en diciembre. "Es una ayuda que se queda corta porque este año los costes de explotación están disparados y muchos productos agrarios están en precios muy ajustados, incluso algunos por debajo de lo que cuesta producir, por lo que este decreto se queda totalmente corto e insuficiente para la realidad del sector", subraya Peris, quien reclama que las ayudas se ajusten a la evolución real de los costes de producción. Sólo en el caso de la citricultura, la organización calcula que el incremento en los costes alcanza el 33%, por el aumento de precios de combustible, fertilizantes y fitosanitarios. Según la Unión de Uniones, la prórroga de la bonificación al gasóleo agrario hasta diciembre solo cubre en torno al 43% del sobrecoste real soportado por los profesionales del campo en toda España, lejos del tope teórico del 70% fijado en la normativa.
Por ello, entre otras medidas, la Unió ha pedido a la Generalitat que aporte 2,68 millones de euros de fondos autonómicos para complementar los 1,34 millones asignados a la Comunitat Valenciana dentro de las ayudas de emergencia destinadas a compensar al sector agrario por el incremento de los costes de producción.
Las principales organizaciones agrarias a nivel nacional ya han anunciado su intención de convocar movilizaciones en todo el país para exigir al Gobierno soluciones a los problemas que atraviesa el campo.
Otro sector damnificado por la escalada en los precios del combustible es la pesca. En Castellón, esta actividad arrastra un lento declive —por la reducción del esfuerzo pesquero y la falta de relevo generacional— agravado ahora por el fuerte aumento del precio del gasóleo, que eleva los costes hasta situar al sector al borde de las pérdidas. Los barcos de arrastre, la modalidad mayoritaria en la provincia, afrontan más de 3.000 euros diarios en gasóleo en el caso de los buques de mayor tamaño, mientras que los más pequeños rondan los 1.000 euros al día. Una situación que la Federación de Cofradías de Pescadores de Castellón considera insostenible y que amenaza con acelerar el retroceso de esta actividad tradicional.
En su caso, el decreto del Gobierno prorroga la ayuda compensatoria a las empresas armadoras para absorber el incremento de los costes de los carburantes; una decisión, que tampoco cubre las expectativas del sector.
La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores se ha reunido este miércoles con la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, para exigir, entre otras medidas, un tope de 0,80 euros por litro en el precio del combustible, y partir de ese precio que se haga cargo el Estado, así como la exención de pagos a la Seguridad Social hasta el 1 de enero de 2027. La reunión, según fuentes del sector, se habría cerrado sin un acuerdo satisfactorio para los pescadores, por lo que las cofradías no descartarían convocar también movilizaciones.
En la misma línea, la patronal pesquera, la Confederación Española de Pesca (Cepesca), considera insuficiente la medida aprobada por el Gobierno. Según informe técnico elaborado por la patronal, se estima que un escenario de subida de 0,70 a 1,30 euros por litro supone un incremento del 85,71% en el coste del combustible. Cepesca advierte que la compensación aprobada por el Ejecutivo sólo compensa menos de un tercio de este incremento, obligando a las empresas a asumir el resto del coste y poniendo en jaque la viabilidad del sector. El presidente de Cepesca, Javier Garat, ha advertido que "si el coste no se compensa, las empresas tendrán que asumir pérdidas o reducir actividad. Y si disminuye la oferta de pescado local, la presión termina trasladándose al conjunto de la cadena". La organización reclama elevar la ayuda al combustible a un mínimo de 0,40 euros por litro; calcularla según el consumo efectivo de cada embarcación, en lugar de mediante medias estadísticas por segmentos de flota y aplicarla de forma automática como descuento directo al repostar en puertos españoles.
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