CASTELLÓ. Que los efectos del cambio climático han agudizado la frecuencia e intensidad de los episodios meteorológicos adversos es una evidencia constatada por la comunidad científica, pero también por las vivencias recientes en el territorio valenciano. Una meteorología cada vez más extrema, capaz de arrasar infraestructuras, erosionar pueblos y arruinar cosechas en cuestión de minutos. Pese a esta realidad cada vez más palpable, el campo valenciano, y en particular la citricultura, continúa mostrando una clara resistencia a la contratación del seguro agrario, la principal herramienta de protección frente a pérdidas severas provocadas por fenómenos climáticos extremos.

Los datos lo confirman. Según cifras facilitadas por la Unió Llauradora i Ramadera, sólo la mitad de la superficie citrícola de la Comunitat Valenciana está asegurada, un porcentaje inamovible desde hace años y que no ha aumentado tampoco en la campaña actual, a pesar del incremento de la siniestralidad vinculada a fenómenos de pedrisco, inundaciones, sequías o vientos huracanados.

En este 2025, la superficie asegurada asciende a 72.723 hectáreas, de las que 17.268 se sitúan en la provincia de Castellón, 42.189 en Valencia y 13.265 en Alicante. Esta cifra sigue representando apenas un 50% del total de la citricultura valenciana y supone un retroceso respecto a las 73.533 hectáreas aseguradas el año pasado, una caída aún más pronunciada si se compara con las 77.361 hectáreas registradas en 2020.

Una paradoja que contrasta con el contexto de daños crecientes. Según el último informe de Agroseguro, de octubre de 2025, el gran número de variedades y el amplio calendario de recolección hacen que la producción de cítricos esté expuesta prácticamente todo el año a riesgos climáticos, generándose siniestros “en cualquier mes”. Solo este año, las indemnizaciones previstas en el sector citrícola valenciano ascienden ya a 47,48 millones de euros, con un impacto especialmente relevante en las más de 7.000 hectáreas afectadas por el pedrisco del mes de julio en la provincia de Castellón.

Subvenciones necesarias, pero "insuficientes"

Desde la Unió Llauradora i Ramadera, su secretario general, Carles Peris, reivindica la importancia del seguro agrario como herramienta de estabilidad económica para el sector. “El seguro agrario no evita los daños, pero sí evita que una explotación viable deje de serlo después de un episodio de pedrisco, helada, sequía o enfermedad ganadera”, sostiene. No obstante, insiste en que el sistema debe adaptarse a las nuevas realidades climáticas y productivas, y subraya la necesidad de reforzar las ayudas para que sea accesible, especialmente para pequeñas y medianas explotaciones.

Peris reclama un incremento de las subvenciones públicas: “Mantener un nivel adecuado de apoyo público es clave para que el seguro agrario siga siendo una herramienta universal y eficaz”. En esta línea, exige que el Ministerio de Agricultura, a través de ENESA, incremente el presupuesto destinado a mejorar coberturas y garantías.

Tanto el Ministerio como la Generalitat financian el sistema de seguros combinados. De hecho, el Consell anunció recientemente una ampliación presupuestaria de un millón de euros adicional a la partida prevista para 2025, que ascendía a 33.128.011 euros.

Recorte de coberturas

La estabilidad en la contratación se explica, sin embargo, por otros factores. Desde AVA-ASAJA, confirman que el porcentaje asegurado permanece estancado y atribuyen esta situación, en primer lugar, a la crisis de rentabilidad del sector. Con productores descapitalizados, el seguro se percibe como un gasto prescindible. “Muchos optan por no contratarlo, pero cuando llega la adversidad, como ocurrió con la granizada de julio, quienes no estaban asegurados han perdido la campaña entera”, alertan.

La organización señala también un creciente malestar por las condiciones del seguro, tras varios recortes en derechos y coberturas. Particular malestar generó la eliminación de la extensión de garantías, que hasta hace dos años permitía cubrir daños producidos antes de renovar la póliza anual. “Sin esa extensión, si el siniestro ocurre en primavera, antes de contratar el seguro, el daño queda fuera, y eso ha dejado a muchos productores desprotegidos”, denuncian.

Desde AVA-ASAJA lanzan un doble mensaje: apelan a los agricultores a asegurar sus explotaciones —“es la única garantía de renta frente a un clima cada vez más imprevisible”—, pero reclaman también cambios urgentes al Ministerio y a Agroseguro. “En lugar de recortar coberturas, deben reforzarlas y ampliar garantías, y el Ministerio debe incrementar las subvenciones para mejorar las pólizas”.