CASTELLÓ. El debate acerca de la vivienda y su vertiente de protección pública (VPP) ha irrumpido en la agenda política con la fuerza con que lo hace en la calle. En el marco del despliegue del Plan Vive, con el que el Consell pretende movilizar suelo público para promover hasta 10.000 hogares protegidos, el PSPV ha cuestionado este miércoles en una comparecencia de prensa junto a uno de los solares de este programa en la zona de Censal el modelo aplicado en Castelló, al que acusa de "desvirtuar la función social" de las VPP. De esta manera, los socialistas han situado el foco en los precios —"a partir de 200.000 euros"— y en las exigencias de entrada de "hasta el 30 %" como barreras que, a su juicio, alejan estos pisos de los perfiles a los que deberían dirigirse. Todo ello, además, con el precedente de Alicante sobre la mesa y con una normativa que, según ha denunciado el PSPV, "no ha cambiado".

En este sentido, la crítica se ha articulado alrededor de dos ejes: el coste de acceso y el diseño de las promociones. "¿Quién tiene 60.000 euros para acceder a una VPP?", ha planteado el secretario general del PSPV en Castelló, Rafa Simó, que ha alertado de un "muro" para los jóvenes y las familias. En la misma línea, la portavoz municipal, Patricia Puerta, ha cuestionado que el Ayuntamiento haya optado por la fórmula de la permuta de suelo —que en el caso de las dos promociones locales del Plan Vive se traduce en 21 viviendas públicas como compensación— y haya renunciado, según ha sostenido Puerta, a 5,2 millones de euros de los fondos europeos vinculados al alquiler asequible. Asimismo, la portavoz socialista ha lamentado la "tramitación urgente" de modificaciones en uno de los proyectos para incorporar elementos como una piscina que, en su opinión, evidencia un modelo "alejado" de las necesidades de acceso básico a un hogar.

El desarrollo de viviendas protegidas de "alto standing"

Con ello, el PSPV ha vinculado esta evolución al cambio de orientación política en la Generalitat Valenciana. Así, Simó ha señalado al Consell por permitir el desarrollo de VPP "de alto standing", mientras que el diputado autonómico y portavoz socialista de Vivienda en Les Corts Valencianes, Benjamín Mompó, presente en la comparecencia, ha acusado al gobierno anterior de Carlos Mazón de eliminar mecanismos de control y sustituir herramientas como el derecho de tanteo y retracto por fórmulas de colaboración público-privada basadas en la permuta. En ese contexto, los socialistas han advertido de riesgos en los procesos de adjudicación y han reclamado transparencia: piden conocer los criterios concretos, el listado de demandantes y su antigüedad, ante el temor de que se reproduzcan dinámicas como las investigadas en la promoción de Les Naus en Alicante. "Si acceden los primeros que llaman a la promotora, no nos parecerá justo", han advertido.

Por su parte, el desarrollo del Plan Vive en Castelló avanza con el respaldo del Consell y del gobierno municipal, que defienden la fórmula como la vía para movilizar suelo y acelerar la construcción de vivienda protegida. Las 123 VPP proyectadas en Censal —con el inicio de las obras visible en uno de los solares— incorporan estándares de calidad equiparables a la vivienda libre, con zonas comunes, eficiencia energética y tipologías de uno a tres dormitorios.

La nueva normativa de acceso a los pisos protegidos, presentada por el president, Juanfran Pérez Llorca, en febrero en Castelló, prevé la introducción del arraigo para priorizar a vecinos del municipio y apuntalar los controles en la adjudicación. En relación al alcance real de las medidas, el PSPV sostiene que los precios "pervierten" el concepto de la vivienda protegida, mientras que el PP reivindica el modelo como una herramienta para ampliar la oferta en un contexto de fuerte demanda.

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