CASTELLÓ. El pleno ordinario de febrero en el Ayuntamiento de Castelló ha radiografiado la actualidad política municipal en tres ejes diversos. Por una parte, la sesión ha formalizado la entrada del popular Gonzalo Romero como nuevo concejal de la corporación y miembro del gobierno municipal después de la dimisión del ex edil de Movilidad y Juventud, Cristian Ramírez. Asimismo, el consistorio ha aprobado el IV Plan de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres (2026-29), cuya votación ha partido en dos al ejecutivo local —el bipartito formado por el PP y Vox—, y ha dado luz verde a su personación en el recurso presentado por el PSPV ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de basuras de 2026.
Con ello, la jornada ha empezado con el trámite institucional y simbólico mediante el que Romero, exconcejal durante dos legislaturas entre 2007 y 2015, ha jurado el cargo. El pleno ha aprobado por unanimidad anteriormente la urgencia para incluir su toma de posesión, prevista para el despacho extraordinario, al principio del ordinario, la primera parte del pleno. La entrada del edil al cargo cierra formalmente el relevo abierto por la renuncia de Ramírez, que abandonó la pasada semana el gobierno tras denunciar una "campaña rastrera y desmedida" a raíz de la reapertura de la investigación por el supuesto impago de multas de la zona azul en la Audiencia Provincial.
Luz verde al IV Plan de Igualdad municipal
La aprobación del IV Plan de Igualdad municipal para el periodo comprendido entre 2026 y 2029 ha representado uno de los principales focos de debate de la sesión. El documento ha salido adelante con los votos del PP, el PSPV y Compromís y el rechazo de Vox. En este sentido, la oposición, en voz de la edil socialista Mónica Barabás, ha defendido el plan como una "herramienta imprescindible" de gestión pública y como el resultado de "dos años de trabajo técnico y participación social, con especial protagonismo de la Coordinadora y el tejido feminista local". Del mismo modo, la regidora de Compromís, Vera Bou, ha celebrado la incorporación de la violencia vicaria y digital tras la negociación política y ha advertido que la "verdadera prueba será su dotación presupuestaria y ejecución real".
Por su parte, la edil de Vox, Arantxa Miralles, ha rechazado el texto por considerarlo "ideológico" y ha negado la existencia de una "desigualdad estructural". Finalmente, el PP, a través de la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, ha defendido el documento desde un marco "jurídico" y de continuidad institucional. De esta manera, Adsuara ha reivindicado su carácter "transversal y participativo" y ha recordado que Castelló posee planes de igualdad desde 2007. Concretamente, según ha detallado la edila, el nuevo plan se divide en cinco áreas de actuación: la incorporación de la igualdad de oportunidades en la gestión municipal, la sensibilización de la violencia machista, el fomento de la cultura social, la promoción de la conciliación y el desarrollo de la movilidad en materia de igualdad.
El recorrido judicial del recurso del PSPV contra la tasa de basuras
El debate en el salón de plenos de Castelló ha subido varios grados de agitación a cuenta de la aprobación de la personación del Ayuntamiento en el recurso del PSPV contra la ordenanza fiscal que regula la tasa de basuras en 2026, avalada en la sesión ordinaria del pasado 18 de diciembre. Así, el gobierno municipal ha votado a favor y la oposición se ha abstenido, en una decisión marcada por los reproches cruzados. El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha criticado la falta de una estrategia municipal para reducir los residuos y ha acusado al ejecutivo de "trasladar el coste a la ciudadanía" sin invertir lo suficiente en prevención y reciclaje.
Por su lado, los socialistas, en voz del portavoz adjunto, José Luis López, han explicado su voto como "coherente" con la vía judicial iniciada por su grupo y han insistido en dejar la puerta abierta al "diálogo" si el gobierno rectifica la ordenanza. Finalmente, el concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, ha señalado de nuevo al Gobierno central como origen de la tasa y ha acusado a la oposición de "judicializar la política municipal", en un cruce de acusaciones personales con Garcia que ha llevado a la alcaldesa, Begoña Carrasco, a apaciguar los ánimos.
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