CASTELLÓ. El debate político —ahora también jurídico— en torno a la ordenanza fiscal que regula la tasa de basuras en Castelló, conocida popularmente como el 'basurazo', ha dado un nuevo paso este miércoles. Así, el PSPV ha anunciado en una comparecencia de prensa la activación de los trámites para presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra la norma municipal, que los socialistas insisten en calificar de "injusta, arbitraria y contraria al espíritu de la legislación estatal y europea" en materia de residuos. Con ello, el secretario general en la ciudad, Rafa Simó, ha sostenido que la ordenanza "no cumple el principio de que quien más contamina, más paga", al fijar las cuotas en función del valor catastral de las viviendas y no de la generación real de residuos o del nivel de reciclaje.
De esta manera, Simó ha defendido que la vía judicial llega después de "meses de propuestas y advertencias desoídas" por el gobierno municipal. El también diputado en Corts Valencianes ha recordado que el grupo municipal socialista presentó alegaciones y planteó "modificaciones para hacer el impuesto "más progresivo". Asimismo, Simó ha alertado de precedentes en otros municipios donde ordenanzas similares han sido anuladas, como en "León, Sant Joan d'Alacant o Ponferrada", y ha afirmado que gobernar no se trata de "imponer el rodillo", al tiempo que ha advertido del riesgo de un posible "limbo administrativo" si los tribunales tumban la norma. Del mismo modo, el PSPV ha vuelto a recalcar que la aplicación de la tasa permitió al consistorio ingresar en 2025 "alrededor de 7 millones de euros de más", una cantidad cuya "devolución" reclaman como condición para "retirar el recurso".
Puerta denuncia "opacidad" y Redondo apunta a una "maniobra desesperada"
En la misma línea, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, ha denunciado la "opacidad" del gobierno municipal y la "falta de explicaciones" acerca de la manera en la que se calcula el impuesto o el destino de la mencionada "recaudación adicional". Puerta ha sostenido que la ordenanza "penaliza por igual" a comercio y actividades económicas con realidades distintas y "no premia" a quienes reciclan más. "No se trata solo de tumbar una tasa injusta, sino de evitar que vuelva a recaer sobre los vecinos la mala gestión del gobierno del PP y Vox", ha apuntado. Por último, la portavoz socialista ha insistido en que el PSPV "mantiene la puerta abierta" al diálogo si el ejecutivo "rectifica".
- El concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Castelló, Juan Carlos Redondo.
Frente a ello, el concejal de Hacienda en Castelló, Juan Carlos Redondo, ha acusado al PSPV de carecer de "proyecto para la ciudad" y de recurrir a la judicialización como "única estrategia política". Redondo ha calificado el anuncio del recurso de "maniobra puramente desesperada" y ha subrayado que los socialistas no recurrieron la ordenanza de 2025, cuando se aplicó por primera vez la subida derivada de la legislación estatal. El edil ha asegurado que resulta "revelador" que los socialistas impugnen ahora la norma vigente, cuando el gobierno municipal ha incorporado bonificaciones que permitirán "pagar incluso menos que en 2024". El responsable del área de Economía ha defendido la actuación del ejecutivo local en la aplicación de la tasa con "responsabilidad, rigor y sensibilidad social" y ha afirmado finalmente que el consistorio "defenderá a los vecinos con hechos, no con recursos oportunistas".
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