CASTELLÓ. El debate acerca de la aplicación de la nueva tasa de basuras, conocida popularmente como el 'basurazo', y el aumento de la recaudación municipal este año tensan de nuevo el escenario político en Castelló. El portavoz del gobierno, Vicent Sales, ha respondido este jueves a la crítica realizada a principios de semana por el PSPV, que puso en duda la "legalidad" del 'tasazo' en la capital de la Plana y denunció el "enriquecimiento" del Ayuntamiento a través de "7 millones de euros de recaudación extra" que el consistorio ingresará este ejercicio. Ante la petición "transparencia" por parte de los socialistas, en palabras de su secretario general en la ciudad, Rafa Simó, en un comunicado de prensa, Sales ha explicado que el ejecutivo municipal ha destinado "unos 5 millones de euros a la mejora del contrato de residuos, de los que una parte se invertirá en la compra de los futuros contenedores inteligentes".

Asimismo, el portavoz del gobierno municipal ha avanzado también que el Ayuntamiento de Castelló incorporará un millón de euros a la empresa pública de gestión de residuos Reciplasa. Por otro lado, Sales ha devuelto las críticas al PSPV a raíz de la "campaña informativa" iniciada por los socialistas para "trasladar a la ciudadanía cómo y por qué se ha adoptado" el nuevo impuesto en Castelló, que consideran "el 'basurazo' de Carrasco". En este sentido, el concejal portavoz ha rebatido que la tasa "proviene de una imposición del Gobierno central y no se trata de un asunto únicamente relacionado con esta ciudad cuando en otros consistorios gobernados por el PSPV, como en Vila-real, también genera debate". De esta manera, Vicent Sales ha defendido la gestión del Ayuntamiento, "pionero en unas bonificaciones que lograrán que en 2026 haya quien pagará menos que en 2024".

El PP pide la derogación y Vox una "moratoria"

La discusión se ha agitado especialmente esta semana, a pocos días de que los castellonenses afronten el segundo cobro del nuevo impuesto este curso. Así, este martes, el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló continuó el debate mediante una declaración institucional para reclamar una "moratoria" en la aplicación del artículo de la ley nacional que fuerza a los municipios a repercutir a los ciudadanos la totalidad del coste del servicio. El portavoz de la formación, Alberto Vidal, alertó de las "dificultades técnicas, económicas y sociales" que genera la adopción inmediata de la norma y responsabilizó al PSPV y Compromís de avalar una ley "absurda". Por su parte, el Partido Popular local, en palabras de Sergio Toledo, se sumó con una declaración institucional propia centrada en la "derogación" del tributo que consideran "impuesto por parte del Estado".

A su vez, este jueves, el portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, ha insistido en la misma línea y ha subrayado que se trata del "'basurazo' de Sánchez", ya que la nueva tasa "impide a los ayuntamientos asumir la mitad del recibo como se hacía hasta el momento". "Por primera vez tenemos un impuesto local cuyo modo de cobro fija el Gobierno central", ha recalcado Sales en la rueda de prensa correspondiente a la Junta de Gobierno Local. El concejal popular ha recordado además las rebajas disponibles de cara al próximo ejercicio mediante las siete visitas al ecoparque fijo o móvil "más un 3 % adicional por la domiciliación del pago". Finalmente, Sales se ha referido a la posibilidad de modificar el 'cáculo' actual del tributo, en base al valor catastral de la vivienda, por un sistema "más justo" como, según el ejemplo de València, mediante el consumo de agua.