CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló da los últimos pasos en la confección de los presupuestos municipales de 2027, el último ejercicio de la legislatura ante las elecciones locales del próximo mayo. El concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos Redondo, ha mantenido este lunes una primera reunión con los grupos de la oposición, el PSPV y Compromís, para abordar las líneas generales de las nuevas cuentas y recoger sus propuestas. El encuentro, en el que han participado la portavoz socialista, Patricia Puerta, y los ediles valencianistas Vera Bou y Pau Sancho, llega después de que el consistorio aprobara el calendario de elaboración presupuestaria y con dos factores que condicionan la planificación: el incremento del 11,5% en las transferencias del Estado y la previsión de que los gastos de personal crezcan alrededor de un 5%, ambas por decreto del Gobierno, afirman fuentes municipales.
Con ello, la toma de contacto, según ha trasladado el ejecutivo local, ha servido para exponer los proyectos y las principales líneas de trabajo sobre las que se construye el documento. Sin embargo, el PSPV ha restado alcance al encuentro, al que considera una reunión "puramente informativa", y ha criticado que se haya dado a la oposición hasta este viernes para presentar aportaciones cuando, según sostiene, el presupuesto se encuentra prácticamente cerrado. Asimismo, los socialistas han cuestionado que no se haya convocado al Consejo Social de la Ciudad para incorporar sus recomendaciones. En cuanto al contenido, el grupo pone el foco en el gasto de personas, que podría alcanzar los 82 millones de euros, y plantea mantener sus prioridades de inversión en vivienda asequible, cambio climático, empleo, movilidad y bienestar social.
Por su parte, Compromís ha advertido que la intención del ejecutivo de reducir un 50 % el gasto no comprometido y "congelar" las subvenciones a las entidades puede repercutir en la prestación de servicios municipales. La formación considera contradictorio que se planteen las restricciones mientras las transferencias estatales aumentan un 11,5 % y el gobierno municipal mantiene su política de rebajas fiscales. El portavoz adjunto, Pau Sancho, ha avanzado que sus enmiendas buscarán afianzar las políticas sociales y las ayudas a organizaciones como Afanías o Cocemfe, además de reclamar una fiscalidad más progresiva y la aplicación del recargo del IBI a los grandes tenedores de viviendas vacías.
- La intención del gobierno municipal supone llevar el documento al pleno antes de finalizar el año.
El calendario hacia la aprobación del nuevo presupuesto
En este contexto, el camino administrativo para la confección de las cuentas se emprendió oficialmente en junio, cuando la Junta de Gobierno Local aprobó la instrucción para elaborar los planes de los distintos departamentos y el mencionado calendario. Entonces, Redondo avanzó que la intención del ejecutivo supone llevar el documento al pleno antes de finalizar el año, con el objetivo de que pueda entrar en vigor en enero. Asimismo, el responsable de Hacienda anticipó que las nuevas cuentas mantendrán las líneas de actuación del mandato, con especial atención a la vivienda, el empleo, la limpieza y la movilidad, aunque incorporarán un mayor control del gasto no comprometido en bienes y servicios. Ahora, la reunión con el PSPV y Compromís representa el primer contacto político de una negociación que el gobierno busca encauzar en las próximas semanas para cumplir el calendario.
Además, el debate presupuestario arranca con las cuentas de 2026 ya elevadas hasta algo más de 269 millones de euros, frente a los 253,2 millones iniciales. La diferencia responde a la incorporación de tres modificaciones de crédito, la última de ellas aprobada inicialmente la pasada semana por 1,85 millones procedentes de remanentes de tesorería, que se suman a las operaciones anteriores, de 10,97 y 3,06 millones, respectivamente. En paralelo, el ejecutivo aprobó provisionalmente en octubre las ordenanzas fiscales para 2027, con una nueva rebaja en el IBI —que elevará al 10% el descenso acumulado desde el inicio del mandato— y la suspensión por cuarto año seguido de la tasa de terrazas para la hostelería.
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