CASTELLÓ. La regularización del aeródromo del Grau de Castelló entra en su fase definitiva con la formalización del convenio que adjudica al Aeroclub la explotación de la instalación durante la próxima década. El acuerdo, ya en vigor después de culminar el procedimiento administrativo iniciado el pasado diciembre, fija un canon anual de 15.000 euros y oficializa una relación institucional que se había mantenido durante cerca de cuatro décadas en una situación de anormalidad jurídica. De esta manera, la concesión demanial permite, por primera vez desde finales de los años 80, dotar de un marco estable al uso, mantenimiento y gestión del singular enclave situado en el litoral castellonense, concebido desde su origen para la aviación general y deportiva.

A tal efecto, la alcaldesa, Begoña Carrasco, escenificó este jueves la rúbrica del convenio junto al presidente del Aeroclub, Yuri Rabassa, y subrayó el valor simbólico y práctico de un acuerdo que "pone fin a una precariedad histórica" y corrige años de indefinición patrimonial. La primera edila ha incidido en que la concesión aporta seguridad jurídica a la entidad y permite cerrar un conflicto enquistado, marcado por negociaciones fallidas, recursos administrativos y un extenso recorrido judicial. En este sentido, la regularización no implicará coste alguno para las arcas municipales ni participación del consistorio en la explotación de la actividad.

Los usos permitidos del aeródromo

Al detalle, el contenido del convenio establece que el Aeroclub asume el uso privativo del dominio público local durante diez años, con la obligación de abonar un canon anual de 15.000 euros. No obstante, para el presente ejercicio, el pago se prorratea desde marzo hasta diciembre, con una aportación de 12.500 euros. La concesión delimita también los usos permitidos del aeródromo, prioriza la aviación general y deportiva y admite actividades accesorias "siempre que no resulten incompatibles con su finalidad principal". Junto a ello, la entidad se encargará del mantenimiento, conservación y mejora de las instalaciones, así como del pago de suministros e impuestos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Más allá del plano administrativo, el consistorio pone el foco en la dimensión turística y económica de la instalación. En concreto, el aeródromo registra alrededor de 7.000 vuelos anuales —con una destacada presencia internacional— y actúa como puerta de entrada para visitantes que repercuten directamente en la actividad hotelera, hostelera y comercial de la ciudad. La estabilidad que ofrece el nuevo marco jurídico permitirá al Aeroclub planificar inversiones, modernizar servicios y reforzar su papel como activo estratégico del Grau. Tras casi 40 años de interinidad, con la ratificación de la Junta de Gobierno Local, Castelló y el Aeroclub formalizan así su relación y cierran una etapa de incertidumbre para abrir una nueva página de colaboración institucional.

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