CASTELLÓ. Compromís per Castelló ha urgido al Ayuntamiento a "depurar responsabilidades" después de que, según los datos oficiales remitidos por el propio gobierno municipal, "más del 25% de las multas no recaudadas en 2023 correspondan al concejal popular Cristian Ramírez". El edil, que entonces tenía competencias en Movilidad, "acumulaba 104 sanciones impagadas que no figuraban en el registro general de multas pendientes", según recuerda Compromís.

El portavoz de la coalición, Ignasi Garcia, ha pedido explicaciones a la alcaldesa, Begoña Carrasco, y la apertura de una investigación interna. “Ramírez no pagaba la zona azul ni las sanciones derivadas. A un ciudadano le puede desaparecer una multa; tres es tener mucha suerte; diez ya es preocupante; pero 104 exigen una investigación inmediata”, ha declarado.

Compromís sostiene que la ausencia de estas 104 multas en los listados oficiales —a pesar de suponer alrededor del 27% del total no abonado en 2023— evidencia un fallo en los procedimientos municipales que debe aclararse. Por ello, presentará una moción en el próximo pleno para revisar los protocolos internos y evitar que casos similares se repitan.

Garcia ha insistido en que la alcaldesa “no puede mirar hacia otro lado” y ha denunciado un trato desigual: “No puede ser que haya gente que se libre de las multas y, como son del PP, no pase nada”.

Más allá del caso de Ramírez, Compromís advierte de un incremento significativo de las sanciones sin cobrar. En 2023 quedaron pendientes 286 multas, mientras que en 2024 la cifra supera las 900, prácticamente el triple. La formación reclama una revisión de la gestión municipal para identificar las causas de este aumento.

La coalición también llama la atención sobre el aumento de los recibos del IBI urbano en periodo voluntario que permanecen sin pagar. Los datos aportados por el consistorio indican que han pasado de 11.509 en 2024 a 13.763 en 2025, un 19,5% más.

Compromís considera que este conjunto de cifras evidencia “problemas de gestión que el Ayuntamiento debe afrontar” y subraya la necesidad de reforzar los mecanismos administrativos que afectan directamente a los contribuyentes.