CASTELLÓ. El eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, presentará hoy en la Casa Castelló Europa un informe con propuestas para afrontar la crisis habitacional en Europa y en la Comunitat. El documento, elaborado por el economista Joan Sanchis y nutrido de aportaciones de expertos europeos, se plantea como alternativa al plan del Partido Popular, que Marzà critica por "renunciar al consenso y entregarse al dogmatismo neoliberal".

Según Marzà, el PP "ha abandonado el camino del acuerdo europeo para situarse al lado de los grandes fondos y constructoras, mientras da la espalda a la ciudadanía que sufre la emergencia habitacional". En su opinión, el documento popular "no ofrece soluciones reales, repite recetas fracasadas y convierte la vivienda en un negocio especulativo en lugar de defenderla como un derecho básico".

Frente a esta visión, Compromís propone reconocer la vivienda como derecho fundamental y no como activo financiero. Entre las medidas destaca una Directiva europea que garantice este derecho, su inclusión en la Carta de Derechos Fundamentales y el objetivo de que al menos un 30% del parque de vivienda sea asequible, condicionando a ello los fondos europeos.

Se plantea la creación de un Fondo Europeo de Vivienda, accesible a municipios y cooperativas, con proyectos que aseguren precios un 30% más bajos que el mercado y carácter protegido permanente. También se propone una fiscalidad redistributiva: rediseño del IBI, fin de privilegios a SOCIMIS y SICAV, e impuestos a la vivienda vacía.

El informe incluye programas de rehabilitación, protección de suelo agrícola, blindaje de las VPO, limitación de la compra masiva por fondos, regulación estricta del alquiler turístico y la “regla del 30%”: ningún hogar debería destinar más de un tercio de sus ingresos a vivienda y suministros.

"Europa no puede permitir que el derecho a un hogar dependa de la lógica del mercado ni que los fondos públicos engorden a los fondos buitre. Mientras el PP se pliega a los intereses de unos pocos, nosotros defendemos un parque público y asequible estable que garantice seguridad, sostenibilidad y dignidad para la gente", ha concluido Marzà.