CASTELLÓ. La empresa local Alarplus Security Sistems se perfila como la encargada de velar por la seguridad de los edificios municipales de Castelló y, además, de vigilar los vertederos incontrolados, que suponen una preocupación persistente para el gobierno municipal del bipartito entre el PP y Vox. Así, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento ha propuesto adjudicar a la firma castellonense el servicio integral de instalación, mantenimiento y gestión de sistemas de seguridad y videovigilancia por un importe ligeramente superior a 523.500 euros (IVA incluido) para los próximos cuatro años, con la posibilidad de un año de prórroga. La cifra supone una rebaja del 15 % respecto al presupuesto base de licitación, fijado en cerca de 616.000 euros, y deja detrás a la otra concurrente, la también local Casva Seguridad, que ofreció una reducción del 0,39 %.

Al detalle, el informe muestra una amplia diferencia entre las ofertas y arroja una puntuación total de 95,6 puntos —sobre 100 posibles— para Alarplus frente a los 38,84 de su competidora. La diferencia se aprecia tanto en la propuesta técnica —43,6 puntos frente a 25,8 sobre un total de 48— como en los criterios evaluables automáticamente, donde la reducción económica planteada por la subdivisión de seguridad de Grupo Cano Lopera le otorgó 40 puntos frente al 1,04 de Casva, de Grupo Simetría. En este sentido, los técnicos municipales destacaron el "análisis exhaustivo" de Alarplus sobre las dependencias municipales, su metodología "estructurada" y el uso de herramientas digitales de gestión.

Una veintena de sistemas de videovigilancia en vertederos incontrolados

El contrato abarca un amplio abanico de actuaciones que se extienden más allá del mantenimiento de alarmas y cámaras en los cerca de 90 edificios municipales incluidos en el inventario —desde la propia casa consistorial y Quatre Cantons hasta colegios, centros cívicos o la ermita de la Magdalena—. Asimismo, uno de los aspectos más llamativos estriba en la instalación de 20 sistemas de videovigilancia autónomos en vertederos incontrolados, equipados con cámaras de cuatro megapíxeles con tecnología de detección inteligente de personas y vehículos, alimentación solar y conectividad 4G. El pliego exige que un total de 16 de estas cámaras comiencen a funcionar en los primeros seis meses. La medida refuerza el operativo que el ejecutivo local puso en marcha en 2023 con la presencia de drones y coches camuflados de la Policía Local para combatir los vertidos ilegales. 

​​​​Por otro lado, el servicio también incluye la integración de alrededor de 140 cámaras de tráfico en la matriz de videovigilancia municipal, la puesta en marcha del sistema de seguridad del edificio de Borrull —con ocho cámaras, una central de intrusión y doce detectores— y la actualización de un total de 23 centros que funcionan todavía con centrales de alarma obsoletas. De esta manera, todo el sistema quedará conectado a la central receptora de alarmas ubicada en el cuartel de Tetuán XIV y se visualizará desde la sala del Centro Integral Municipal de Seguridad y Emergencias, conocido como Cimse, del cuerpo policial. Con ello, el adjudicatario deberá garantizar la resolución del 95 % de incidencias ordinarias en menos de 48 horas y responder a las críticas en menos de una hora.

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