CASTELLÓ. El pleno ordinario de marzo en el Ayuntamiento de Castelló ha activado la réplica política del equipo de gobierno municipal —el bipartito compuesto por el PP y Vox— en torno a la confrontación por la contratación menor en el Patronato de Turismo. En este sentido, el concejal de Economía y Hacienda en el consistorio, Juan Carlos Redondo, ha formulado en el turno de ruegos y preguntas, en la última intervención de este, una cuestión dirigida a la propia alcaldesa y presidenta de la sesión, Begoña Carrasco, para contrarrestar las acusaciones de la oposición —el PSPV y Compromís— después de que ambas formaciones desvelaran este lunes la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía para investigar un posible fraccionamiento de contratos en el órgano durante el ejercicio de 2024.
De esta manera, Redondo ha virado el foco hacia la anterior legislatura, con el gobierno del denominado Acord de Fadrell, y ha apoyado su argumentación en el informe de la Intervención General Municipal de 2022 —referido al curso de 2021— para señalar que durante el mandato previo la contratación menor "superó los 6 millones de euros" y se realizó, según el documento, "al margen del procedimiento ordinario" previsto en la Ley de contratos públicos, con "riesgo de fraccionamiento". A partir de estos datos, el edil ha sostenido que el actual debate no puede desligarse de los precedentes y ha apuntado directamente a los porcentajes registrados en Turismo en los periodos de 2022 y 2023, con "tasas de contratación directa del 75 % y el 77 %", respectivamente.
La respuesta del gobierno, en voz de Carrasco, a la pregunta formulada finalmente por Redondo ha derivado en una advertencia de mayor alcance. Así, la primera edila ha anunciado que evaluará el contenido del informe para estudiar la interposición de una "posible denuncia" ante la Fiscalía. El planteamiento del ejecutivo local invierte el eje del nuevo conflicto político abierto entre el bipartito y la oposición, después de que el PSPV y Compromís concentraran la atención en la gestión de 2024, con "más del 70 % del gasto turístico canalizado mediante contratos menores", según denunciaron.
Las ayudas al alquiler joven en Castelló
Más allá de las porfías políticas, el pleno de marzo en el Ayuntamiento también ha sellado acuerdos unánimes, como la declaración para exigir mejoras en el servicio de Cercanías o los pronunciamientos institucionales con motivo de los días mundiales que conmemoran al Pueblo Gitano, el párkinson o la concienciación sobre el autismo. En paralelo, el equipo de gobierno ha defendido su estrategia en materia de vivienda, con el anuncio "por primera vez de una partida específica de ayudas al alquiler joven, que contará con una cantidad elevada", ha asegurado la concejala de Vivienda, Ester Giner, a partir de la incorporación de los remanentes del presupuesto en abril. La moción para la creación de estas subvenciones, presentada por Compromís, ha decaído con los votos en contra del gobierno.
- El concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Castelló, Juan Carlos Redondo.
Con ello, la oposición ha ampliado los frentes de debate con diversas peticiones, rechazadas, que han abordado desde la Banda Municipal de Castelló hasta los centros de juego y casas de apuestas. Compromís ha trasladado a la sesión varios episodios vinculados a los recursos humanos —desde el proceso de selección en el Patronato de Turismo hasta las oposiciones de la agrupación musical— que, a su juicio, evidencian "falta de control" y comprometen la "imparcialidad administrativa". De este modo, su portavoz, Ignasi Garcia, ha cuestionado que "no se hayan abierto expedientes" ante irregularidades que, según ha expuesto, han obligado a "repetir procesos selectivos con resultados distintos".
Por su parte, los socialistas han centrado el foco en dos mociones acerca de la protección de las familias y la participación ciudadana. La primera, orientada a limitar la proliferación de salas de juego cerca de los centros educativos, ha puesto sobre la mesa un "problema real" y medidas de "refuerzo para el control de las licencias". Por otro lado, la segunda petición ha planteado destinar más de 200.000 euros de los remanentes de los presupuestos participativos a nuevos proyectos avalados por la ciudadanía. A tal efecto, la edil del PSPV Anunciación Láinez ha denunciado la "falta de transparencia" en su gestión.
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